Colpensiones podría retrasar trámites de pensiones; esto es lo que debe saber

Colpensiones es una entidad pública que está encargada de garantizar la actividad de aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales en condiciones en Colombia, pero es reconocido por administrar y gestionar el fondo público de pensiones en el país, conocido como Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM).  

Este régimen se basa en un sistema de reparto 13, donde los trabajadores realizan aportes durante su vida laboral y, al cumplir ciertos requisitos de edad y semanas cotizadas, tienen derecho a recibir una pensión mensual. 

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No obstante, en los últimos días la Procuraduría General de la Nación ha alertado a los colombianos que están a la espera de su pensión con esta entidad, pues desde que se conoció el despido de por lo menos 110 funcionarios, se han represado los trámites.  

De acuerdo con Talento Humano de Colpensiones, el pasado 1 de septiembre había liquidado en la nómina de servidores públicos indemnizaciones por $ 1.226’061.008 pesos. 

Frente a este panorama, la Procuraduría General inició un seguimiento para determinar las causas de las desvinculaciones.  

De acuerdo con el ente de control, en Colpensiones hay una “grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas que podrían afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.  

Así las cosas, con un informe a corte del 31 de agosto, la entidad tenía pendientes 71.402 casos por decidir, de los cuales 18.385 se encuentran con términos vencidos.  

Cabe destacar que desde la llegada del exsenador Jaime Dussán a la presidencia, mencionan que la entidad ha dado un nuevo rumbo que “ha generado una gran preocupación entre los colaboradores de la entidad, que ha acelerado la creación de nuevos sindicatos".  

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Por otro lado, en medio de la ola de reforma que ha planteado el gobierno, la Procuraduría ha indicado que “la implementación de un nuevo modelo pensional que estaría a cargo de Colpensiones requiere de una entidad sólida, técnica, que garantice el debido proceso, los derechos fundamentales, se proteja el patrimonio público y de los afiliados”.