Con empresa 'chimba', una familia defraudó al Estado por $150 mil millones

Un juzgado de Barranquilla imputó cargos por fraude aduanero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y concierto para delinquir con fines de contrabando a cuatro personas, tres de ellos miembros de una misma familia de la ciudad, por un presunto fraude al fisco que asciende a 147.000 millones de pesos con importaciones de celulares de alta gama, partes y accesorios.

Según la Fiscalía General de la Nación, Álvaro Yazid y Miguel Ángel Vargas Ruiz, Maritza Ruiz de Vargas y María Estela Granados Araque habrían constituido en Barranquilla una empresa ilegal dedicada a la adquisición y comercialización de productos de tecnología.

Lea también: ¡Le salió cara la borrachera!: secretario de planeación de Sabanagrande (Atlántico) fue multado con $9 millones

Labores de policía judicial evidenciaron que, entre 2010 y 2019, estas personas, al parecer, ingresaron por diferentes puertos del país grandes cantidades de réplicas de teléfonos móviles de reconocidas marcas. Los equipos provenían de Vietnam, Taiwán, China, Finlandia, Holanda, República de Corea, Estados Unidos, Panamá e India, entre otros países.

Las sospechas de las autoridades empezaron cuando notaron que los lujos que se daban una de las capturadas y sus hijos contrastaban con los montos que le declaraban a la Dian por la importación de la mercancía, y ese fue el punto de partida del caso.

La Fiscalía estableció que la mercancía ingresaba a territorio nacional mediante la declaración de precios que estaban muy por debajo de los valores fijados en el mercado. Adicionalmente, detectó que, presuntamente, fueron adulteradas facturas con el propósito de pagar menos impuestos.

Le puede interesar: Banda de cuatreros invadió finca en Galapa (Atlántico) y descuartizó ocho vacas para hurtar su carne

Finalmente, los celulares que entraban de contrabando eran distribuidos en el comercio informal. En ese sentido, se generó una competencia desleal y una grave afectación a la industria nacional y a los comerciantes legales.

Además de las capturas, se ordenaron allanamientos a lujosos apartamentos, entre esos, uno ubicado en el edificio Girasol, norte de Barranquilla. Un cuarto miembro de la familia es buscado por la Interpol en Europa.