Defensoría urge que se esclarezca la muerte de 11 personas en Putumayo 

La Defensoría del Pueblo lamentó la muerte en extrañas circunstancias de 11 personas entre ellas un menor de edad, el presidente de Junta de Acción Comunal y un gobernador Indígena de la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo). 

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Al mismo tiempo, solicitó a las autoridades judiciales que garanticen el esclarecimiento de los hechos ocurridos en esa región, teniendo en cuenta que las víctimas fueron presentadas como supuestos integrantes de las disidencias de las Farc. 

Cabe recordar que el Ejército Nacional informó que "se realizó una operación militar basada en informaciones de inteligencia y que corresponde a las técnicas, tácticas y procedimientos de la Fuerza Pública. Y que ahora le corresponde a la autoridad competente realizar las respectivas investigaciones o averiguaciones de si el actuar de nuestros hombres estuvo dentro de los parámetros legales establecidos en los DD.HH. y el DIH".

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Entre tanto, las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), identificaron el episodio como una masacre, teniendo en cuenta que no se registraron combates entre el Ejército y los integrantes del grupo armado Comandos de Frontera.

También destacaron que las víctimas se encontraban en medio de un bazar organizado para recolectar fondos para la vereda.

Debido a esto, la Defensoría del Pueblo pidió que se avance en la investigación para garantizar que se esclarezcan estos hechos. 

"Desde la regional Putumayo, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a los familiares de las víctimas y ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados", mencionó esa entidad en un comunicado. 

También se conoció que se brindará asesoría jurídica a través de un defensor público para que los familiares de las víctimas interpongan las acciones legales que consideren. 

Finalmente, insistió en que "la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido", señaló.