De acuerdo a Función Pública el Fiscal, Francisco Barbosa ocupó cargos en el Gobierno de Juan Manuel Santos.
La oposición le responde al expresidente Álvaro Uribe Vélez quien afirmó que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes Medina debió declararse impedido en su caso, que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa debe hacer lo propio porque celebró contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos.
De acuerdo a la Alianza Verde, el Fiscal Francisco Barbosa celebró contratos por 400 millones de pesos durante los dos periodos del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
Según Katherine Miranda el hoy Fiscal General de la Nación ocupó cargos en el Gobierno Santos como contratista del Ministerio del Transporte.
Por 4 años consecutivos, con un valor cercano a los 400.000.000 millones de pesos, el Fiscal Barbosa trabajó en el Gobierno de @JuanManSantos.
Así las cosas, en la lógica uribista, debería estar TOTALMENTE IMPEDIDO. pic.twitter.com/D3GLACvIKX
— Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 3, 2020
Uy, ¿Entonces el Fiscal Barbosa debería declararse TOTALMENTE impedido por haber trabajado en múltiples ocasiones en el Gobierno Santos? ? pic.twitter.com/GUH2mW3Ytj
— Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 3, 2020
El senador, Iván Cepeda presentó una recusación ante la Corte Suprema de Justicia contra el Fiscal General, Francisco Barbosa para que se aparte del cargo mientras se produce la investigación en contra del expresidente, Álvaro Uribe Vélez.
En contexto: Magistrado que investigó a Uribe tuvo un contrato con gobierno Santos
El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que el magistrado Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte debió haberse declarado impedido para tomar una decisión en su contra por haber celebrado un contrato con el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos quien es su contendor político.
El contrato que en su momento tuvo el hoy integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tenía como objeto la verificación de la situación jurídica y de salud de los miembros de la entonces guerrilla de las Farc que se encontraban privados de su libertad, cuyos nombres eran suministrados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Fuente
Sistema Integrado de Información
