Procuraduría aprueba las leyes que crearon el trabajo en casa

A la Corte Constitucional llegó una demanda contra la norma que estableció las reglas para desempeñar el trabajo en casa en plena época de pandemia por el coronavirus. La demanda no es de fondo sino de forma, porque dice que el Congreso se equivocó al emitir una ley estatutaria como una ordinaria, por eso pide que se tumbe la totalidad del articulado. 

“Por desconocer la reserva estatutaria ya que fue expedida bajo el trámite parlamentario ordinario aunque regula un aspecto inherente al derecho fundamental al trabajo”, señala la demanda firmada por el ciudadano Juan Sebastián Ramírez. 

Al respecto se pronunció la procuradora Margarita Cabello Blanco, para quien el Congreso no violó ninguna norma y la ley se ajusta a la constitución. 

“La procuraduría considera que el Congreso no desconoció la reserva de la ley estatutaria porque aunque su temática guarda relación con el trabajo en casa, lo cierto es que no ordena aspectos relacionados con su núcleo esencial”, dijo la Procuraduría. 

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Según el Ministerio de Trabajo,  la norma que regula el trabajo en casa, nació de las circunstancias que enfrentan los trabajadores del país por la pandemia del coronavirus.

Uno de los puntos clave de la norma es el que advierte que todas las personas que trabajen bajo esa modalidad de trabajo en casa, tienen derecho a la desconexión laboral. 

En la Corte cursa otra demanda relacionada al teletrabajo. Se trata de una ley de 2008 que establece las normas para promover y regular esa modalidad de empleo en el país. Aunque esa ley, la 1221, está vigente desde el 2008, la demanda también llegó a la Corte en plena época de pandemia cuando más de una persona tuvo que trabajar desde su casa para evitar riesgos de contagio y por las ordenes de aislamiento preventivo.

Esa ley dice que a los teletrabajadores, “dada la naturaleza especial de sus labores no les serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo como lo son las horas extras y trabajo nocturno”,  algo que para los demandantes es totalmente arbitrario toda vez que cualquier trabajador tiene derecho esos pagos.

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Para los demandantes, esa norma vigente viola el derecho a la igualdad porque no garantiza condiciones dignas y justas para los teletrabajadores que hoy en día son más que los de 2008.