Para evitar alteraciones en el orden público que buscarían atentar contra el Metro de Medellín y establecimientos comerciales, Antioquia definió este lunes nuevas medidas de seguridad para las marchas del próximo 20 de julio.
El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, dijo que en un consejo de seguridad con los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacio, se conoció que el ELN y el Clan del Golfo estarían financiando ataques violentos para quemar vehículos y bloquear vías.
“Se fortalecerán las capacidades en los Puestos de Mando Unificado, tanto en el del Área Metropolitana, como en el Departamento de Policía Antioquia, para que se puedan tomar las decisiones que sean necesarias para garantizar la movilización social, pero también intervenir la movilización violenta, que afecta los bienes públicos y privados”, sostuvo.
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En total, se determinaron doce acciones para garantizar la seguridad en las protestas, entre ellas, el despliegue de la fuerza pública en todo el departamento. Además, una recompensa de hasta $50 millones por quien informe sobre actos vandálicos o daños durante las marchas.
¿Las decisiones de seguridad?
El ministro de la Defensa, Diego Molano, recordó que durante la última semana se han realizado estos consejos de seguridad con el propósito de articular esfuerzos entre gobernadores, alcaldes, los ministerios del Interior y Defensa y la fuerza pública, para garantizar las manifestaciones pacíficas en las próximas semanas y meses, pero al mismo tiempo, desarrollar un plan de acción, prevención y contrarrestar cualquier amenaza de vandalismo.
Entre las decisiones para garantizar la seguridad están que las fuerzas militares y de Policía mantendrán todos los dispositivos necesarios para evitar cualquier acto de violencia y vandalismo, protegiendo los activos de la ciudad.
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Además, basados en información de inteligencia de que el ELN y el Clan del Golfo pretenden financiar estos actos violentos, se intensificarán también estas acciones de inteligencia y se mantiene la oferta de recompensas hasta de 50 millones de pesos a quien de información que permita judicializar a protagonistas de los diversos actos vandálicos.