Asentamiento indígena en colegio tiene desescolarizados a 200 estudiantes en Medellín

250 indígenas de la comunidad resguardo Andágueda de Chocó se ubicaron en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, en la comuna 10, centro de Medellín y por cuenta de esta situación más de 200 estudiantes están desescolarizados.  

Desde la Alcaldía de Medellín, indicaron que los indígenas ya hacen parte de un proceso logístico de traslado que iniciará el 22 de mayo. De acuerdo con el censo de la Unidad Nacional para las Víctimas, cerca de 800 indígenas pertenecientes a esta comunidad son los que esperan ser acompañados en su proceso de retorno de Medellín a Chocó.  

Lea también: En la última semana, los organismos de socorro atendieron 151 emergencias en Medellín

"Entendemos las necesidades de nuestros indígenas. Trabajamos con ellos para que tengan una mejor calidad de vida. En articulación con diferentes secretarías pactamos el retorno de 800 personas hacia el Alto Andágueda, en el Chocó, como estrategia para mitigar el desplazamiento forzado, afirmó el secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete, Juan Pablo Ramírez, quien agregó que desde su despacho se acompañará el proceso de retorno de las familias, rumbo al resguardo en el Chocó, en lo que se enfocarán fuerzas para que se respeten los derechos de los  indígenas.

Lea también: Siguen en la búsqueda de un adulto mayor en El Carmen de Viboral. Lleva ocho días desaparecido

Las familias se ubicaron en las afueras de la institución luego de una riña entre indígenas al interior de un inquilinato donde residían algunas familias de la comunidad Embera. Las personas fueron desalojadas y en consecuencia, miembros de esta comunidad invitaron, a los demás integrantes, a evacuar a los demás inquilinatos y hoy están a la espera del retorno hacia sus resguardos. 

Desde la Alcaldía indicaron que las secretarías de Gobierno; No-Violencia; Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; y la Gerencia Étnica, se ha articulado con la Gobernación de Antioquia, la Unidad de Víctimas, la Personería de Medellín, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, para garantizar la posibilidad de que se restablezcan los derechos vulnerados de esta comunidad, proporcionando todas las condiciones en salud, vivienda, educación, trabajo y acceso a servicios, inclusión en procesos y programas para el desarrollo humano.