Así se distribuyó en la Procuraduría el caso de abuso a menores en jardín de Medellín

La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al caso de presunta violación y abuso sexual de menores de edad en un centro infantil ubicado en el barrio Santa Cruz, en el nororiente de Medellín.

Desde el despacho de la procuradora Margarita Cabello se dio la orden para activar cuatro delegadas que se encargarán de vigilar el proceso y del restablecimiento de derechos de los menores víctimas del delito en el programa ‘Buen Comienzo’.

Las delegadas son procuradores que estarán a la cabeza del caso y quienes avanzan en acciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial y administrativas.

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La primera delegada es la Procuraduría Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres.

En esta dependencia, se adelantan acciones para evitar la revictimización de los menores y sus familias y se garantice de forma efectiva el acceso a la justicia como víctimas de violencias sexuales. También “se evalúa la calidad de disciplinables de los corresponsables de estas rutas de atención”.

Otra delegada es la Procuraduría para el Ministerio Público en Asuntos Penales. En esta dependencia hay un procurador que se encarga de intervenir en todo el proceso penal por los hechos.

Ese procurador asiste a las audiencias contra Ismael Darío Lopera Tangarife, conocido como ‘Manolo’, quien trabajaba en el jardín como auxiliar de nutrición y es señalado de abusar de los menores.

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En el caso también trabaja la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y la Procuraduría Judicial de Familia en Medellín.

Ambas delegadas “han asistido a las mesas interinstitucionales que se conformaron con el fin de atender de forma articulada todas las acciones institucionales frente a este delicado asunto”.

Finalmente – pero no menos importante- está la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal.

En esta dependencia ya se abrió indagación preliminar por las presuntas irregularidades que se cometieron en el marco del desarrollo del convenio interadministrativo suscrito con el operador Centro Infantil Pequeños Exploradores B y la ejecución del programa ‘Buen Comienzo’.

Según la Procuraduría, son más de 1.300 folios que incluyen “el convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Medellín y el ICBF; el contrato que tenía el presunto agresor con el operador, la regulación del programa ‘Buen Comienzo’, así como los lineamientos del mismo”. 

No se descarta que la Procuraduría anuncie en los próximos días decisiones contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por dicho contrato o convenio interadministrativo.