Banda criminal simulaba búsqueda de caletas para cometer millonarios robos en fincas de Copacabana

Un juez de control de garantías ordenó la captura de seis personas presuntamente responsables de una ola de secuestros extorsivos y hurtos en fincas de recreo ubicadas en el municipio de Copacabana, Antioquia. 

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La investigación, adelantada por un fiscal Gaula de Medellín, reveló que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, un grupo armado, del cual harían parte los capturados, aterrorizó a decenas de personas en estas propiedades. Los delincuentes, haciéndose pasar por miembros de un grupo armado organizado, ingresaban a las fincas en busca de una supuesta caleta con armas, pero en realidad su objetivo era despojar a las víctimas de sus pertenencias. 

Según las investigaciones, el modus operandi de esta banda criminal era bastante similar en todos los casos. Los delincuentes, fuertemente armados, irrumpían en las fincas durante las fiestas o reuniones, sometían a las víctimas, las amarraban y las obligaban a entregar sus pertenencias, como dinero en efectivo, joyas, celulares y vehículos. Además, obligaban a las víctimas a realizar transferencias bancarias desde sus celulares. 

Uno de los casos más impactantes ocurrió el 16 de septiembre de 2023, cuando los delincuentes irrumpieron en una fiesta y retuvieron a 19 personas. A las víctimas las encerraron en una habitación y las despojaron de sus pertenencias, causando pérdidas económicas por más de $166 millones de pesos. 

Gracias a las labores investigativas de la Fiscalía y la Policía, se logró identificar y capturar a los presuntos responsables de estos hechos delictivos. Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado. 

Cinco de los capturados, entre ellos Kevin Sebastián Álvarez Guerra, Yeison Stiven Bustamante García y Johan Stiven Palacio Montoya, fueron enviados a la cárcel, mientras que Juliana Gallego Arias fue cobijada con detención domiciliaria. 

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Liberaron a excomandante de Policía de La Ceja: Señalado de nexos con integrantes del Clan del Golfo

En un fallo que ha generado gran revuelo, el Juzgado Cuarto de La Dorada ordenó la liberación inmediata del capitán Guillermo Stevens Salgado Rendón, excomandante de la Policía en La Ceja, Antioquia, y de varios uniformados que habían sido acusados de tener nexos con el Clan del Golfo. La decisión judicial se fundamenta en la consideración de que el ente acusador no presentó pruebas contundentes para sustentar los cargos imputados. 

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Recordemos que, en este caso la Fiscalía, representada por la fiscal Silvana Uribe López, había solicitado una medida de aseguramiento intramural para los implicados, argumentando que existían pruebas suficientes para vincularlos con actividades delictivas como el tráfico de estupefacientes y el concierto para delinquir. Sin embargo, el juez encargado del caso consideró que las evidencias presentadas eran débiles y no permitían establecer la culpabilidad de los acusados. 

El abogado defensor de Salgado Rendón, Robeiro de Jesús Franco López, sostuvo durante el proceso que la Fiscalía basó su acusación en los testimonios de miembros de una organización criminal que operaba en el Magdalena Medio. Según el abogado, estos testigos, como alias “Titi” y alias “Yesid”, tenían amplios antecedentes criminales y sus declaraciones no eran creíbles. 

Uno de los puntos clave en la defensa fue el testimonio de Marlon Laverde Castro, miembro de “La Empresa”, quien desmintió las acusaciones contra Salgado Rendón y los demás policías, negando que hubiesen recibido dinero a cambio de protección o colaboración con la organización criminal. 

El juez encargado del caso consideró que las declaraciones de los testigos de la Fiscalía eran contradictorias y poco fiables, y que no existían otras pruebas que corroboraran las acusaciones. Además, el juez señaló que las investigaciones realizadas por la Policía Nacional no habían encontrado elementos suficientes para vincular a los acusados con los delitos imputados. 

La decisión del juez ha generado diversas reacciones. Mientras algunos sectores aplauden la liberación de los policías, argumentando que fueron víctimas de una persecución judicial, otros cuestionan la decisión y expresan su preocupación por la posible impunidad de los delitos cometidos por las organizaciones criminales.