Contratos amañados e información eliminada, parte de los hallazgos del Área Metropolitana

Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá informaron que en el transcurso de estos primeros 100 días, se encontraron con 13 hallazgos de posibles hechos de corrupción por parte de la anterior administración.  

Durante la entrega del informe, la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio manifestó que en la anterior Administración Distrital se crearon 128 cargos para los que no se hizo el debido concurso y los perfiles se crearon según las personas nombradas y no las necesitadas por la entidad. 

Así mismo, señaló que evidencian la firma de dos convenios por un monto total de $1.500 millones de pesos con la secretaría de la No Violencia, dirigida en ese entonces por Juan Carlos Upegui, donde encontraron que no hay claridad sobre cómo fueron ejecutados estos recursos.

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La directora, también indicó que la administración que salió no prorrogó contratos de funcionamiento como servicio de internet, transporte, servicio de telefonía móvil y personal de apoyo para la vigilancia ambiental.  

Además, expresó que, durante un recorrido realizado en las instalaciones por parte de los nuevos directores, encontraron que la cámara de seguridad ubicada en el archivo documental de la entidad se encontraba apagada desde el mes de diciembre.  

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Paula Palacio informó que los equipos de la Dirección General, asistente de Dirección General y Contratación fueron formateados sin justificación, eliminando la información que reposaba allí.  

Entre los hallazgos, también observaron que obras que se encuentran en ejecución y, que necesitan recursos para ser terminadas no dejaron el presupuesto para culminarlas. 

La funcionaria argumentó que durante las vigencias 2022 y 2023 no se hicieron los aportes como socios para la capitalización de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, lo que, sumado a las solicitudes del Área Metropolitana en noviembre de 2023 para el componente técnico del proyecto del Tren del Río, incidiendo directamente en el retraso de este para la solicitud de recursos ante el Gobierno Nacional.