Deportista paisa destacado vive suplicio tras la demolición de su vivienda en Itagüí

Ronald Vásquez conocido como El Lobo, uno de los principales exponentes de las artes marciales mixtas (MMA) en Antioquia y Colombia, enfrenta una difícil situación tras la demolición de su vivienda en el barrio San Gabriel de Itagüí. El deportista, que ha representado al país en República Dominicana, Panamá y México, denuncia que el proceso de demolición se llevó a cabo el pasado 12 de marzo sin la notificación adecuada conforme a la ley. 

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Según Vásquez, él y su padre, un adulto mayor, fueron notificados solo dos días antes del procedimiento, cuando la ley estipula que debe ser comunicado con tres meses de antelación. Además, el deportista señala que la demolición fue realizada por los bomberos del municipio, en lugar de expertos en el área. 

La vivienda, construida con guadua gracias a donaciones de amigos cercanos, era un lugar ecológico y amigable con el medio ambiente. El joven denuncia que esta caña brava retirada al demoler la vivienda iba a ser destruida según le indicaron los bomberos y días después; varios vecinos adquirieron los elementos al parecer a cambio de dinero, lo que agrava aún más la situación. 

Ronald y su padre, desplazados por la violencia en 1996 de su pueblo natal Granada, Antioquia, han vivido en esta casa durante 32 años. Ahora, se encuentran en medio de las ruinas, en un cambuche improvisado, junto a sus gallinas y dos árboles de aguacates que habían sembrado años atrás. 

Debido a esta situación, el deportista tuvo que cancelar una importante pelea programada en Chile el próximo 5 de abril, ya que no puede dejar solo a su padre en medio de lo que están pasando. 

El deportista solicita a la alcaldía de Itagüí que sean claros con la información y que expliquen porque hubo tantas irregularidades en el procedimiento, además exige que realicen el proceso de reubicación y se les brinde acompañamiento en su caso. 

Desde Alerta Paisa de RCN Radio, consultamos con la alcaldía de Itagüí, que indicó que el inmueble ya había sido sometido a un procedimiento de demolición en 2022, pero “las personas reincidieron en la infracción. Construir sin permisos y en zonas de riesgo pone en peligro a la comunidad”, dice el texto. 

“Esta acción se encuentra respaldada por la ley y varias resoluciones oficiales, además de haberse realizado un censo”, finalmente especifica la alcaldía. 

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