Descubren matadero clandestino que mezclaba carne rancia con químicos en Copacabana
En un contundente golpe a la ilegalidad, la Policía Nacional desmanteló dos plantas de sacrificio clandestinas en el Valle de Aburrá, donde se procesaba y comercializaba carne en pésimas condiciones, poniendo en riesgo la salud de miles de consumidores.
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Durante los operativos, realizados tras denuncias ciudadanas, las autoridades incautaron más de 2.6 toneladas de carne de res, cerdo y caballo, la cual era tratada con químicos para disimular su estado de descomposición y posteriormente comercializada en carnicerías de la región.
La investigación reveló que estas plantas clandestinas operaban desde al menos 2022, adquiriendo animales en estado de descomposición, los cuales eran procesados y mezclados con carne en buen estado para luego ser vendidos al público. Esta práctica representa un grave riesgo para la salud, ya que el consumo de carne en mal estado puede provocar diversas enfermedades, incluso mortales.
En una de las diligencias, las autoridades capturaron a un hombre que, al verse descubierto, entregó dos armas de fuego a una menor de edad para que las ocultara.
Así las cosas, las autoridades lograron incautar: Dos armas de fuego, un arma de letalidad reducida, 11 cartuchos y 2.696 kilos de carne bovina, porcina y equina.
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Casa por cárcel para policías que exigieron millonaria suma a dueña de un spa y una liposucción como pago en Medellín
La Policía Nacional capturó a dos patrulleros adscritos a la ciudad de Medellín, José Yoiber Echeverri Villa y Diego Fernando Cordero, quienes fueron imputados por el delito de concusión. Según la investigación, los uniformados habrían extorsionado a la propietaria de un spa en el barrio Manrique, exigiéndole el pago de $15 millones de pesos a cambio de no judicializarla por un presunto homicidio culposo.
Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre cuando los policías, aprovechando su condición, habrían amenazado a la mujer con iniciar un proceso judicial en su contra, argumentando que una de sus empleadas tenía una orden de captura por homicidio, debido a un procedimiento estético que salió mal.
Atemorizada, la víctima entregó inicialmente $8 millones de pesos, pero la extorsión continuó, llegando al punto de que uno de los uniformados exigió una liposucción para su pareja sentimental como pago de la deuda restante.
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La investigación, adelantada por la Fiscalía, logró establecer la responsabilidad de los dos uniformados en estos hechos. Gracias a las labores de policía judicial, se pudo recopilar suficiente evidencia para solicitar la orden de captura, la cual fue ejecutada por la Dijín el pasado 6 de noviembre.
Durante las audiencias preliminares, ninguno de los policías aceptó los cargos imputados. Sin embargo, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.