Gobierno Nacional revela que adelanta diálogos con 12 grupos armados ilegales en Medellín

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, reveló hoy que su oficina inicio hace cuatro meses  “un proceso con grupos armados que operan en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, con miras a construir la paz urbana, un pilar esencial de la Paz Total”, condicionado a que estas 12 bandas criminales cesen la violencia y no hagan trampas ni engaños.

En un comunicado, el comisionado de paz informa que en este lapso de cuatro meses, “se ha llevado a cabo la fase de acercamiento, que cuenta con mecanismos de verificación de la reducción de la violencia. El cese de torturas, desapariciones y asesinatos como compromiso básico de los grupos armados ha sido el punto de partida para la generación de confianza entre las partes y el Gobierno Nacional”, resalta el documento.

El acercamiento con estos grupos armados ilegales, en esta primera fase, dice la OACP (Oficina Alto Comisionado de Paz) , “se sostiene sobre compromisos de ambas partes con la verdad, con no hacer trampas ni engaños, y con abstenerse de incluir en el proceso a personas ajenas al mismo a cambio de pagos económicos”.

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En el documento, el Gobierno Nacional  señala que estos diálogos que denomina  “ proceso de transición al Estado de Derecho”,   da todas las  garantías a los integrantes de estos grupos armados,  “ y tiene como propósito la no repetición, la memoria y el respeto a las víctimas, y las transformaciones urbanas que traigan seguridad humana a la ciudadanía “.

Así mismo, subraya  la OACP,   “la fase de acercamiento ha sido absolutamente discreta, con mecanismos de comunicación e interacción confidenciales para facilitar la confianza, y con acuerdos verificables que los facilitadores reconocidos por la OACP han cumplido con responsabilidad, discreción y compromiso “.

El comunicado oficial señala que en esta etapa inicial con  “más de 12 grupos que manifestaron su voluntad de paz se ha ceñido a los parámetros contemplados por la Constitución colombiana y las leyes vigentes, y desde noviembre de 2022 ha estado enmarcada en lo que dicta la Ley 2272”, la cual tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado.

La OACP  advierte que  ha guardado  sigilo que  exige “esta delicada primera fase del proceso y que ha dado pie a informaciones incorrectas sobre compromisos entre las partes y escenarios inexistentes”.

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Acota el comisionado de paz  que “las especulaciones sobre promesas de rebajas de penas, de no extradición o de excarcelación de líderes de estructuras armadas carecen de fundamento”.  Aclara que  se avanza  en “ la construcción de un Espacio de Conversación Sociojurídica que respetará la autonomía de los diferentes poderes del Estado. Los alcances de ese espacio, bajo ningún parámetro, desbordarán las competencias institucionales, y respetarán en todo momento los acuerdos existentes de cooperación judicial ”.

En esta etapa, añade el comunicado  gubernamental,  este proceso  “ ha contado con la participación de testigos internacionales y de actores nacionales, eclesiales y académicos, que seguirán rodeando el proceso en su fase pública.

La OACP  pide a la ciudadanía, a los medios de comunicación y  periodistas  comprensión frente a este proceso con grupos ilegales en Medellín, y  dice que “ los asuntos sustanciales de este proceso de construcción de paz urbana se darán a conocer en el momento oportuno y que nadie que esté interesado en la paz será excluido”.