Imputados otros dos exfuncionarios y un excontratista de la administración de Daniel Quintero en Medellín

Siguen las audiencias de imputación de cargos contra exfuncionarios de la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Este miércoles fue el turno para el exsecretario de Movilidad, Juan Carlos Torres Ojeda, el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo, y el contratista Santiago Ortega Mateos.

Los procesados están señalados presuntamente por la celebración de un contrato interadministrativo entre el  28 y 29 de junio de 2023, y el cual comprometería unos 16 mil millones de pesos. 

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La diligencia judicial se cumplió ante el juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, donde el ente acusador explicó como desde la Secretaria de Movilidad se delegó al Sistema de Transporte Masivo (Metroplús) para la  demolición de estructuras existentes, excavaciones y movimientos de tierra, construcción de obras complementarias y de urbanismo, adecuación de andenes y bahías, mantenimiento de pavimentos rígido y flexibles, y para la rehabilitación de corredores viales en la comuna 10 de Medellín, así como también en los barrios Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal, cuando dichas obras tenían que liderarse desde la secretaría de Infraestructura Física. 

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Por esta razón, la Fiscalía señaló que estas personas, al parecer, habrían suscrito dicho contrato de manera directa, y no se abrió un proceso de licitación pública. Adicionalmente, no contó con un análisis riguroso del sector y en los estudios previos no se justificó el presupuesto oficial o valor de contrato

En conclusión, el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo al parecer, utilizó su cercanía con la Secretaría de Infraestructura para la elaboración del estudio previo, análisis del sector, la matriz de riesgos y la carga del proceso contractual en la plataforma SECOP II.

De igual forma, el otro señalado, en este caso, el contratista Santiago Ortega Mateos fue quien dio la firma para que el cuestionado contrato avanzara en curso.