Medellín lleva más de 10 años con hacinamiento en las estaciones de policía y cárceles

La Personería Distrital de Medellín advirtió que hay desbordados niveles de hacinamiento en los centros de detención transitoria de la ciudad. A la fecha, se encuentran 2.303 personas vinculadas a procesos judiciales a la espera de una sentencia, y las cifras de sobrepoblación en las estaciones de Policía, URI y salas de paso supera el 210%.  

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Con corte al 15 de mayo de 2024, en la Sijin, que posee una capacidad para albergar a 20 personas privadas de la libertad, actualmente hay 357, o sea un 1.685% de hacinamiento, siendo el lugar más afectado por esta problemática.  

Además, los centros de detención que presentan hacinamiento son: 

• Popular con un hacinamiento del 1020%, con 102 privados de la libertad adicionales a su capacidad máxima.  
• Manrique con el 850% de hacinamiento con 85 personas más a su capacidad. 
• Buenos Aires con el 670%, con 67 personas por encima de su capacidad. 
• Doce de Octubre con el 475%, con 57 personas de más. 
• Villa Hermosa con el 480% de hacinamiento, con 48 personas más de su capacidad. 
• San Javier con el 440% de hacinamiento, con 44 personas adicionales. 
• Castilla con el 308% de hacinamiento, con 77 personas de diferencia.  
• Candelaria con el 331% de hacinamiento, con 248 personas de más. 

De acuerdo con la Personería, la vulneración de derechos humanos de la población privada de la libertad en centros de detención transitorios se trata de su permanencia por un periodo mayor a 36 horas en lugares que, conforme a la sentencia STP-14283 de 2019, no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad, debido a que no son establecimientos de reclusión, así que no tienen la infraestructura y los servicios acondicionados para la permanencia por periodos prolongados. 

En ese sentido, la Personería Distrital de Medellín, cada 15 días, realiza la verificación de las diferentes órdenes que se emitieron en el fallo para revisar los avances, sobre todo de la construcción de la Cárcel Metropolitana y el Centro de Detención Transitoria Aures. 

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El ente del Ministerio Público recalcó que el hacinamiento carcelario constituye una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales y representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad de los internos y el personal penitenciario.