Por permitir el enriquecimiento ilícito de terceros, inhabilitaron por 10 años a funcionario de la Alcaldía de Copacabana
Al resolver un hecho de corrupción administrativa, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al gerente del Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana, Antioquia, “INVICOP”, Alexis Alberto Agudelo Gómez, por permitir un incremento patrimonial, a favor de terceros, de más de $87 millones de pesos que tenían origen en recursos públicos.
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En el proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, se comprobó que el funcionario, como ordenador del gasto y supervisor del contrato de prestación de servicios, suscrito con Catalina Avendaño Meneses, omitió la adecuada vigilancia de los recursos a su cargo, al delegar en la contratista la responsabilidad del manejo de las cuentas de INVICOP y el acceso a las claves, con lo que permitió que se apropiara de dineros de la entidad.
En ente de control también sancionó a Catalina Avendaño Meneses con destitución e inhabilidad de 18 años, para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado, por haberse apropiado de manera indebida de los recursos públicos.
De acuerdo con la investigación, entre los meses de abril a diciembre de 2016, la contratista se apropió de la suma de 87 millones 160 mil pesos, a través de transferencias electrónicas de las cuentas bancarias de INVICOP a su cuenta personal, y adulteró los extractos de los bancos que respaldaban los informes contables y financieros.
El Ministerio Público calificó la falta del gerente del INVICOP, Alexis Alberto Agudelo Gómez como gravísima, a título de culpa, por mal manejo y control de los recursos del municipio de Copacabana, y la conducta de la contratista, Catalina Avendaño Meneses también fue reprochada por apropiarse de dineros del Estado y violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
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La decisión de primera instancia fue apelada por los dos sancionados y el recurso será resuelto en los próximos meses por la Procuraduría Regional de Antioquia, confirmó en un comunicado la institución.