Todos por Medellín se pronunció frente a la orden de casa por cárcel a la exsecretaria de Educación

Piedad Restrepo, vocera de la veeduría ciudadana Todos por Medellín, indicó qué Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, y Lina Gil, quien en su momento fue la directora técnica de Buen Comienzo, debían renunciar al cargo.  

 “En el caso de las funcionarias reviste una mayor gravedad le hecho de que estén involucradas presuntamente en estos cuatro delitos que se les ha imputado por parte de la Fiscalía, sin lugar a dudas estas personas deben apartarse de los cargos que ostentan el día de hoy”. Manifestó Piedad Restrepo, vocero de Todos por Medellín.  

Luego de la audiencia que se extendió por cuatro días, la juez 39 de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento de las dos funcionarias, imputadas por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. 

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la Fiscalía indicó que, las servidoras no habrían cumplido con los requisitos objetivos de transparencia, economía e imparcialidad para suscribir con el representante legal de Colombia Avanza, Henry Gómez Montoya los mencionados convenios. El organismo estableció que habrían cambiado la modalidad de contratación para favorecer a Colombia Avanza, conscientes de que la empresa carecía de idoneidad y experiencia. El primero de los contratos se firmó en marzo de 2020, por un valor inicial superior a los 16.000 millones de pesos. Luego recibió una adición por 4.731 millones de pesos. 

De acuerdo con las autoridades, la corporación Colombia Avanza solo podía celebrar contratos por un valor máximo de 720 millones de pesos; sin embargo, le fue asignado uno por encima de los 20.000 millones de pesos. De igual manera, se determinó que mientras se ejecutaba el primero de los convenios, Agudelo Ruiz y Gil Zapata, al parecer, le entregaron a Colombia Avanza otro contrato por más de 7.000 millones de pesos.  

Este último convenio se firmó como parte de la urgencia manifiesta declarada por la Alcaldía de Medellín para atender la emergencia alimentaria derivada por la pandemia del COVID-19.  

Aquí se encontró que el contratista no contaba con una bodega de gran tamaño para almacenar los productos; sin embargo, la administración municipal, sin ninguna contraprestación, presuntamente le prestó una para que cumpliera sus obligaciones contractuales.  

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En este contrato también quedaron en evidencia posibles sobrecostos en la adquisición de algunos alimentos por 830 millones de pesos.  

Asimismo, existiría un detrimento patrimonial por una cuantía de 126 millones de pesos, que correspondería a la supuesta distribución de 220.578 kits alimentarios, los cuales ya estaban contemplados en el contrato inicial.  

Recordemos que la veeduría Todos por Medellín lideró hace 15 días una manifestación social denunciado supuestos manejos inadecuados en los recursos públicos que eran utilizados para atender programas de infancia en la capital antioqueña.  En ese momento los manifestantes dispusieron de 500 platos como un acto simbólico en el cual se concientizaban sobre el manejo de los recursos para los niños y niñas de la capital antioqueña.