Alcalde de Medellín: Junta directiva de EPM sí participó en cambio de objeto social

En medio de la polémica que ha desatado la renuncia masiva de ocho de los nueve integrantes de la junta directiva de EPM, entre sus razones por “no ser tenidos en cuenta en decisiones importantes”, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que en lo que respecta al cambio de objeto social de la empresa, "sí fueron notificados".

Aclaró que todos los miembros revisaron la información, de hecho, la participación de todos, está soportada en actas. Entre tanto, insistió que “los miembros de la junta se habrían precipitado en pasar la carta de renuncia, pues el gerente de EPM, les mostró a ellos dichas actas”.

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Por otra parte, destacó que en lo que tiene que ver con las acciones legales que le permitirán recuperar los 9,9 billones pesos de sobrecostos en Hidroituango, fue una decisión rápida y que no se debía discutir mucho por cuestiones de tiempo, por eso, al ser consultado por el gerente de EPM, Álvaro Rendón, decidieron avanzar y proceder. 

¿Aceptó la renuncia?

Pocas horas después de que ocho de los nueve miembros de la junta directiva de EPM presentaran su renuncia, el alcalde Daniel Quintero, se las aceptó y expresó en su cuenta de twitter que “he llamado a cada uno de los miembros de la Junta de EPM, les he agradecido sus servicios y aceptado su renuncia”.

Insistió que “EPM continuará con las acciones legales que le permitan recuperar los 9,9 billones pesos de sobrecostos en Hidroituango”. 

Entre tanto, el grupo de trabajo renunció por no estar de acuerdo con el manejo que se está dando al Grupo EPM, pues se han tomado decisiones importantes, según ellos, “sin ser tenidos en cuenta”.

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En un comunicado expresaron “señor alcalde por lo anterior y al no estar de acuerdo con el actual manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y futuro del Grupo EPM y el reiterado desconocimiento a la Junta Directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia como miembros de ésta”.

Recordemos que la más reciente inconformidad tiene que ver con la demanda de 9,9 billones de pesos contra los constructores de Hidroituango, consideran que deben emprenderse acciones legales, reprochan que nuevamente no fueran tenidos en cuenta antes de confirmarse una de las querellas de mayor cuantía de una empresa pública en Colombia.