Capturan al subcontralor de Antioquia, implicado en corrupción

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del subcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo Henao, y su esposa, María Elena Escobar Quijano, quienes eran buscados por las autoridades a través de circular azul de Interpol.

La pareja fue detenida en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia) por parte de personal de Migración Colombia, en coordinación con la Fiscalía, cuando ingresaban al país procedentes de Estados Unidos. 

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El subcontralor departamental es requerido por un juzgado con funciones de control de garantías de Medellín, por los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, tráfico de influencias de particular y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. 

Entre tanto, su esposa es requerida por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Ambos quedaron a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. 

#ATENCIÓN #CTI de #Fiscalía seccional #Medellín y #Antioquia capturó en aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, a su llegada al país, a Subcontralor de Antioquia Rubén Darío Naranjo y su esposa María Elena Escobar, por presunto caso de corrupción en ese organismo de control.

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 9, 2019

Lo que dice la defensa

El abogado Jesús Albeiro Yepes, quien defiende los intereses del subcontralor Naranjo Henao, señaló que su cliente regresó de vacaciones y se puso a disposición de la Fiscalía para atender las audiencias públicas y “demostrar su inocencia”.

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Cabe recordar que días atrás el juez 42 penal municipal con funciones de control de garantías de Medellín dejó en libertad a los nueve procesados por la presunta red de corrupción en la Contraloría General de Antioquia, entre ellos el excontralor Sergio Zuluaga Peña. 

Cabe aclarar que estas personas seguirán vinculadas al proceso. Ellos son señaladas de aparentemente ocultar hallazgos en auditorías o cambiarlos por dinero, propiedades y contratos, con lo cual habrían incurrido en un detrimento patrimonial superior a los 50 mil millones de pesos.