Emboscada a patrulla de militares en el Cauca
Militar comprometido en la muerte del menor podría pagar una pena, de hasta 40 años de prisión.
El próximo 2 de julio, un juez de Medellín anunciará el monto de la pena para el sargento segundo del Ejército Nacional, Richard Antonio Pérez, culpable de asesinar a golpes a su hijastro de cinco años de edad, en un caso que causó conmoción en la comunidad antioqueña.
Los hechos investigados ocurrieron el 6 de febrero de 2016, cuando el menor fue llevado sin signos vitales a un centro asistencial luego de presentar un vómito severo.
En ese momento, el militar, quien tenía bajo su protección al niño desde diciembre de 2013, dijo que se cayó de una bicicleta, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, determinó que el pequeño falleció a causa de traumatismos graves en los intestinos, el bazo, el páncreas y los riñones.
Los médicos forenses establecieron además, que el niño presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo, que no fue tratada clínicamente, así como signos de maltrato físico y desnutrición.
Contra suboficial de 39 años de edad y quien fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación cuatro días después de los hechos, se abrió otra investigación por presunta tortura contra su hijo adoptivo.
Durante las audiencias preliminares, Geraldine Carrascal, denunció que su expareja se llevó a su hijo sin su autorización. También dijo que el pequeño tenía problemas para hablar y casi nunca le permitían comunicarse con él.
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El sargento segundo del Ejército Nacional, Richard Antonio Pérez, será condenado por el Juzgado 29 Penal del Circuito de Medellín, que acogió el acervo probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, durante la etapa del juicio por el delito de homicidio agravado con dolo eventual.
De acuerdo con el Código Penal, el oficial podría enfrentar una condena de más de 40 años de prisión.
En la actualidad, el Sargento Pérez está recluido en una cárcel del Valle de Aburrá, porque en el momento de proferir la medida de aseguramiento en su contra, el juez de la causa, acogió la petición del abogado de la familia, para que no fuera enviado a una guarnición militar, toda vez que representaba un peligro para la sociedad.
Fuente
Sistema Integrado de Información
