Consejo de Estado condenó a la Nación por fallido rescate del exgobernador Guillermo Gaviria

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por los daños causados a las familias tras la muerte del entonces gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa y los soldados José Gregorio Peña Guarnizo y Yercinio Navarrete Sánchez, durante el operativo llevado a cabo el 5 de mayo de 2003 en zona rural del municipio de Urrao, suroeste del departamento.  
 
En esta dura condena a la Nación, el Consejo de Estado revoca varias decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia, que no había fallado a favor de las familias para poder ser reparadas luego de estos hechos, en los que, según el alto tribunal, falló el operativo de rescate, teniendo en cuenta que la zona estaba minada de integrantes de las entonces FARC, que tenían control sobre el territorio. 
 
El gobernador Guillermo Gaviria Correa fue secuestrado el 21 de abril del año 2002, cuando se encontraba con su asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía, en el municipio de Caicedo, pero en esta demanda no se hacía referencia a su muerte, precisamente, sino a las de los familiares de los integrantes de las fuerzas armadas, que fueron secuestrados en el año 1998 y 1999. 

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En el operativo de rescate, que se denominó ‘'Monasterio’, murieron 9 de las personas secuestradas, ya que una vez los guerrilleros oyeron los helicópteros pasar cerca del campamento, Aicardo de Jesús Agudelo alias “El Paisa dio la orden de asesinar a los secuestrados y huir”, según contaron dos testigos, que sobrevivieron a los hechos. 

Según cita el Consejo de Estado, en el informe de la operación Monasterio se consignó que la cuadrilla 34 de las FARC “al sentir la presencia de los helicópteros los rafaguearon (sic) y posteriormente volvieron a rematarlos con tiros de gracia” y “sumado al desenlace fatal que se produce como consecuencia de la llegada de las tropas” 50.  

Pese a que Sergio Mantilla Sanmiguel, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército para el momento del operativo, argumentó en su momento que ‘Monasterio’ se desarrolló sin contratiempos ni errores, pero “también dejó claro que el control de la guerrilla en la zona era alto”, lo cual en concepto del Consejo de Estado “desvirtúa la perspectiva desde la cual muestran la viabilidad del operativo”. 

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“Para la Sala, el Ejército Nacional falló en la planeación del operativo porque tenía el conocimiento de la alta presencia de guerrilleros en la zona, desconocimiento de las reales condiciones en que se encontraban los rehenes, supusieron las órdenes que tenían las personas al margen de la ley y, aun así, decidieron desarrollar la operación”, se lee en la decisión. 

Por lo pronto, la Nación deberá pagar por daños por concepto de perjuicios materiales, más de 516 millones de pesos, en mayor cuantía, a Yina Marcela Peña Salazar, hija de Gregoria Peña, y en menor, a Yolanda Pinto, esposa del entonces gobernador de Antioquia. A su vez, por perjuicios morales, deberá pagar 500 salarios mínimos, distribuidos en las tres familias.