Ejército se desplazará a Bojayá, Chocó, para verificar presunta incursión paramilitar
En las próximas horas, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, se desplazará hasta el corregimiento de Pogue en Bojayá, donde la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que al menos cuatro comunidades están confinadas por la llegada de 300 paramilitares a este municipio del departamento de Chocó.
En un comunicado, el Ejército Nacional señaló que en el lugar se adelanta una operación militar con más de cien hombres, a raíz de una alerta temprana. Incluso, fueron enviados 50 hombres más para “contrarrestar las intenciones de los grupos armados organizados del ELN y el Clan del Golfo, que buscan hacerse con el control de las rutas del narcotráfico en esta zona del departamento”.
El alto oficial verificará la denuncia para tomar las medidas necesarias que permitan garantizar la seguridad de la comunidad. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz advirtió que los grupos armados amenazaron con asesinar a los líderes sociales. Algunos habitantes, que habrían logrado salir del lugar, tuvieron que dejar sus pertenencias por la presencia de hombres con armas cortas y vestidos de civil.
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En el último año, han sido capturados 37 presuntos integrantes del Clan del Golfo en esta región chocoana, dos más han muerto en medio de operaciones militares, se han incautado explosivos, cocaína y desmantelado 16 laboratorios para el proceso de estupefacientes.
Recordemos que el pasado 24 de diciembre, la Comisión Intereclesial envió una carta al Gobierno, denunciando violaciones a los derechos humanos en el Medio y Bajo Atrato, entre el Urabá chocoano, el occidente y el Urabá antioqueño.
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Además de Bojayá, la Comisión denunció que este tipo de hechos ocurren en Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio, Frontino y Urrao.
Entre tanto, la comunidad exige que las autoridades tengan en cuenta las alertas emitidas y les garanticen seguridad y protección a la población civil.