El testimonio clave que tiene la Fiscalía en el caso del gobernador Aníbal Gaviria

El caso del gobernador Aníbal Gaviria en Antioquia despertó al país político en relación con la actuación del fiscal general en medio de la captura polémica a los dos policías de la Dijin que realizaron las interceptaciones al Ñeñe Hernández. En una decisión que para algunos sectores fue radical y sin justificación, la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento domiciliaria y la suspensión en su cargo a Gaviria, mientras se adelanta el juicio en la Corte Suprema.

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El gobernador reaccionó en varios medios asegurando que algo estaba mal con la Fiscalía y dijo también que tenía propuestas para reformar el ente de control. Sin embargo, el escrito que resolvió su situación jurídica y le imputa los cargos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros lleva un testimonio que es clave en el proceso.

La razón de la Fiscalía para adelantar esta actuación ahora es que los términos estaban por prescribir. Es decir, que el ente acusador si pasaba más tiempo, no podría acusar y llevar a juicio al gobernador porque los posibles delitos ya serían parte del pasado y no podrían perseguirse.

Aunque las obras se desarrollaron y se terminaron a conformidad por el grupo Solarte que se ganó la licitación compitiendo contra otros seis consorcios en el 2007, la Fiscalía argumenta que hubo irregularidades por lo menos en tres hechos.

El primero de ellos tiene que ver con que se modificaron los porcentajes de los anticipos que se establecieron en los documentos del contrato de $ 41.600 millones para el mejoramiento y la pavimentación de la vía Trocnal de la Paz entre Caucasia y Saragoza. El contrato inicial estableció que el porcentaje de los anticipos no podía superar el 25 %, pero ese monto fue modificado en un 4 % para llegar al 29 % luego de que se modificó el contrato. Esa diferencia significó más de $ 1.300 millones en uno de los anticipos que para la Fiscalía no debió darse. La defensa asegura que en realidad se trata de un error de mecanografía y que el total final sí correspondió al 25 % en comparación con el total del contrato.

El otro hecho tiene que ver con la inexistencia en los archivos de la Gobernación de un documento ineludible para entregar los anticipos que es el certificado de garantía única. La Fiscalía asegura que sin ese documento no se debieron haber realizados los desembolsos porque tiene el propósito de que los anticipos queden asegurados y se vigile su uso en los términos legales para los fines de la obra. La defensa insistió en que el total de los anticipos fue amortizado, lo que quiere decir que se probó que el contratista regresó la inversión del anticipo en la consecución de la vía.

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Otro de los hallazgos puntuales tiene que ver con que, según la Fiscalía, el grupo Solarte invirtió un anticipo por más de $ 6.000 millones de pesos en la compra de activos para su propiedad que fueron más de seis vehículos de maquinaria pesada. Esos equipos no habrían tenido que comprarse con parte de los anticipos y sobre este hecho se hace una diferencia entre los fines de un anticipo y de un pago anticipado. La defensa argumentó en el proceso de indagatoria que hay conceptos de las cortes y del Departamento Nacional de Planeación que permiten la compra de maquinaria para el contratista con los recursos de los anticipos.

El caso más importante,

Pero el hecho más relevante con el que la Fiscalía buscará condenar al gobernador Gaviria tiene que ver con el otrosí 2 que fue firmado el 27 de diciembre de 2007 por más de $ 19.000 millones para construir el puente que comunica al municipio de El Bagre con la troncal de la paz sobre el Río Nechí.

Ese otrosí se vinculó al contrato inicial por $ 46.600 millones, aunque el objeto era completamente diferente. Aquí, dice la Fiscalía, el objeto del contrato inicial que era el de mejorar y pavimentar una vía en unos tramos específicos, se transformó y se convirtió en la comunicación de esa vía con las principales cabeceras municipales.

El problema jurídico es que el otrosí era tan diferente al contrato inicial y con un monto de inversión tan importante, que la Gobernación debió haber comenzado otro proceso contractual para hacer estudios y para llamar a licitación a otras empresas que participaran en igualdad de condiciones por la construcción del puente. El comité asesor para contratación que designó el gobernador decidió que el puente era la mejor alternativa para la población en una reunión en mayo de 2007 y el otrosí con otro anticipo fue firmado pocos días antes del salida del cargo del gobernador en diciembre de ese año, sin que se hicieran los estudios técnicos pertinentes, ni de mercado y tampoco los de prefactibilidad y factibilidad que son requisito legal para la construcción de obras importantes de infraestructura.

El testimonio clave que tiene la Fiscalía es el del ingeniero Wilson Herrón Durán. Herrón participó en la obra de la troncal y era un funcionario de la Secretaría de Infraestructura. Además, habría sido consultado por el gobernador en una llamada en el 2007 y también por el grupo Solarte para escoger la mejor alternativa con el fin de comunicar a El Bagre con la vía en construcción.

Herrón en entrevista con la fiscal delegada dijo que él concluyó que la mejor solución al problema de comunicación por el río era un puente y que lo hizo luego de hacer unas comparaciones matemáticas básicas en una tarde.

“Yo hice el estudio pero no fue oficial, la valoración del ahorro del tiempo en transporte; cogí el tiempo del extra recorrido por la otra alternativa, supuse unos viajes de buses, de camiones y de vehículos tipo automóvil que entraban y salían diariamente a El Bagre, valoré el tiempo de la gente, el extra recorrido en desgaste de vehículos y en consumo de combustible y saqué la conclusión que entre más o menos 25 o 30 años esos ahorros valían lo que valía la construcción del puente. Eso no lo dejé documentado, lo hice en una tarde que me puse a llenarme de argumentos más técnicos”, le dijo el ingeniero Herrón a la Fiscalía.

Y más adelante insistió en que no se hicieron otros estudios de ningún tipo. “No aparte de lo que yo valoré valía la construcción del puente”.

Este testimonio, además de las archivos documentales, es la prueba más importante que tiene la Fiscalía para demostrar que la firma del otrosí de forma apresurada, antes de que el gobernador terminara su periodo, se habría hecho violando las leyes de contratación y saltándose los estudios necesarios para la construcción de un puente, e imposibilitando a otros empresarios de su derecho a participar en una licitación pública.

Hasta ahora la defensa ha dicho que la decisión se tomó con el único fin de beneficiar a la población con un contratista que ya estaba instalado y que tenía todas las herramientas para construir la obra en las mejores condiciones.

Sobre este testimonio el gobernador Gaviria no ha contestado preguntas. La FM consultó si algún miembro del grupo Solarte fue aportante a sus campañas en Antioquia. Los documentos públicos de Cuentas Claras del 2018 y del 2012 cuando fue electo alcalde de Medellín no registran ningún aporte ni crédito. Los aportes del 2004 no son públicos, pero la Gobernación respondió que el grupo Solarte nunca fue aportante a ninguna campaña del gobernador.