En fallo histórico, el Consejo de Estado ordenó a EPM y al municipio de Bello suministrar agua potable a 20 mil desplazados

Por lo menos 20 mil habitantes de la vereda Granizal de  Bello, la mayoría de ellos víctimas del conflicto armado,  quienes consumen agua contaminada con materia fecal de humanos y de animales, recibirán los servicios de acueducto y alcantarillado, gracias a un fallo histórico del Consejo de Estado que crea un precedente en el país para las comunidades vulnerables.

En la Acción Popular, el alto tribunal ordenó al municipio de Bello y a EPM ejecutar las obras necesarias para mejorar las condiciones de vida en el asentamiento de población de desplazados más grande de Antioquia, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), a quienes durante décadas les han vulnerado los derechos colectivos al agua potable, al ambiente sano, la seguridad y la salubridad pública.

Lea también: El estado de alerta se mantendrá para este miércoles en los municipios del Valle de Aburrá

La demanda fue interpuesta con la asesoría del profesor Jaime Agudelo Figueroa, director del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, quien argumentó que además de la contaminación del agua, los habitantes deben pagar un “impuesto” semanal de 5 mil pesos a bandas criminales para acceder al servicio.

Más información: Presunto asesino de una mujer en Medellín se suicidó

Es por ello, que Agudelo Figueroa destacó la trascendencia de este fallo, que además ordena a la administración municipal, adelantar las acciones necesarias para legalizar los predios. Y al Ministerio de Vivienda, disponer de los recursos para  la reubicación de las familias que viven en sectores donde no es posible realizar las obras de acueducto y alcantarillado.

Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, explicó que desde el año pasado cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia falló en primera instancia, la empresa inició los estudios para la ejecución de las obras, las cuales tendrían un costo aproximado de 200 mil millones de pesos y se tienen que realizar, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, en un plazo de seis meses.

La providencia del Consejo de Estado que tuvo como ponente al magistradoRoberto Serrato Valdés, obligó también a las entidades demandadas, el otorgamiento de subsidios a las personas que demuestren que no disponen de recursos para pagar las tarifas de acueducto y alcantarillado.

Para verificar el control y cumplimiento del fallo se creará una comisión integrada, entre otros por la Defensoría del Pueblo, Corantioquia y la Gobernación del departamento así como representantes de las entidades demandadas y los demandantes.

El profesor Jaime Agudelo Figueroa confirmó que la Universidad de Antioquia, está dispuesta a brindar asesoría a las comunidades de otros asentamientos urbanos subnormales, que no tienen agua potable, para busquen el amparo de sus derechos.