Instrucción es concertar erradicación de cultivos con las comunidades, asegura la Séptima División del Ejército

Los altos mandos del Ejército Nacional dieron una instrucción clara a sus divisiones y es que la erradicación de cultivos ilícitos debe ser concertada con las comunidades.

Así lo confirmó el brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército, quien indicó que hay al menos dos zonas de Chocó y una de Antioquia donde se han adelantado más operativos, que son Riosucio, San José del Palmar y los municipios del Bajo Cauca. 

Murillo aceptó que en el departamento sí se ha resiembra en zonas donde ya se había adelantado la erradicación, pero que en el último año realizaron “bueno trabajos conciliados con la comunidad”.

Según el comandante de la Séptima División, en el Bajo Cauca ha sido más fuerte la incautación de insumos sólidos, pues en el último año han hecho tres incautaciones de 20 toneladas cada una de cemente, que estarían relacionadas con ese proceso ilegal.  

"La preocupación no es la resiembra, la preocupación es que tenemos áreas en el Bajo Cauca con cultivos de uso ilícito y reitero estamos en esa intención de acercamiento a las comunidades, porque si no hay cultivo, al final del día no va a haber producto ilegal y ese producto ilegal es el combustible de los problemas que tenemos en territorio", manifestó.

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Sobre esa subregión antioqueña, Murillo señaló que a la problemática del narcotráfico se suma la extracción ilegal de yacimientos mineros y que precisamente ello ha llevado a afectaciones como la muerte del soldado Helmuth Edison Montes Riaño, que cayó el pasado sábado a un campo minado en el municipio de Zaragoza. 

"El llamado de nuestros comandantes es concertar con comunidades para lograr que esa erradicación se logre de manera consensuada con la población y en el trabajo estamos con líderes en territorio", agregó.

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Para el año 2020, Valdivia fue el municipio con mayor área sembrada de coca, con 2.834 hectáreas, que en ese periodo representaron el 2% del total nacional y 11 % del total regional, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.