Interpretación de la JEP sobre los "falsos positivos" fue amañada: víctimas del conflicto en Antioquia

Continúa la polémica en redes sociales por la interpretación que le dio la vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento a la Verdad, Catalina Diaz, quien explicó que no existe ningún documento oficial que dicté que las ejecuciones extrajudiciales hacían parte de la política de la seguridad democrática liderada por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.  

Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros y quienes son los representates de más de 100 víctimas del conflicto armado, manifestó que sigue existiendo el asesinato de 6.402 personas, que hicieron pasar por guerrilleros o participes del conflicto armado.  

Vega argumentó que existen cuerpos de personas que fueron dadas de baja, además, de los familiares y esposas que han estado esperando durante tantos años conocer la verdad de los hechos que rodean la muerte de sus seres queridos.

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"Interpretarlo como lo dice la magistrada es el máximo de la ingenuidad o quiere hacer una interpretación amañada de los hechos. La realidad es esa, cuando hay una matazón de esa índole, en una sola conducta, alguien patrocinó o pagó o alguien impulsó, no digamos que los generales, los generales no van hacer eso a cuenta propia. Había una política de seguridad democrática que estimulaba el exterminio del contrario a como diera lugar, esos eran los falsos positivos", dijo el litigante de la Fundación Forjando Futuros. 

El abogado, aseguró que es ingenuo pensar que las bajas las iban a dejar por escrito en una política pública o en un escrito o en una ley, y reiteró que la obligación de la JEP era encontrar un tema de verdad del conflicto armado y cuenta con unas herramientas para juzgar a las personas que participaron del conflicto armado. 

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Así mismo, manifestó que se debe buscar que salga la verdad completa, afirmando que, si no se logra conocer toda la verdad, nunca habrá un cierre del conflicto armado en Colombia.  

Cabe resaltar que la vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento a la Verdad argumentó en medio de la audiencia que, “Lo otro que arroja esta decisión que expedimos es que el texto de la política de Seguridad Democrática no tenía, no consignaba la política de conteo de cuerpos. La política de Seguridad Democrática hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medía en bajas”.