¡Murió recluso presuntamente por desnutrición en cárcel de Puerto Triunfo!

Un nuevo caso de muerte en la cárcel "El Pesebre" de Puerto Triunfo, Antioquia, ha generado conmoción e indignación entre los reclusos y sus familiares. Stiven Amaya, quien se encontraba recluido en el patio 4 del centro penitenciario, falleció presuntamente a causa de desnutrición severa, según denunciaron sus compañeros de celda. 

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Amaya, quien había sido trasladado a "El Pesebre" hace aproximadamente 5 meses desde la cárcel Pedregal, al parecer en aparente estado de recuperación, habría presentado graves quebrantos de salud en las últimas semanas. Según las denuncias, el recluso habría solicitado en repetidas ocasiones asistencia médica y traslado a un centro hospitalario, sin obtener respuesta oportuna. 

Lamentablemente, este caso se suma a la alarmante cifra de muertes en "El Pesebre" en los últimos años. En 2023, nueve reclusos perdieron la vida dentro del centro carcelario, mientras que más de 80 tuvieron que ser trasladados de urgencia a la cárcel El Pedregal en Medellín debido a cuadros severos de desnutrición.  

En lo que va corrido del 2024, ya son cuatro los decesos registrados. 

Las precarias condiciones de salubridad, la falta de atención médica adecuada y el hacinamiento extremo que se vive en "El Pesebre" han convertido a este centro penitenciario en un lugar donde la vida de los reclusos pende de un hilo.  

Los familiares de los internos han denunciado en reiteradas ocasiones la situación inhumana que se vive al interior de la cárcel, exigiendo a las autoridades competentes que tomen medidas urgentes para garantizar la vida, la salud y la integridad física de los privados de libertad. 

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Jorge Carmona y varios defensores de los derechos humanos han hecho eco de estas denuncias, calificando la situación en "El Pesebre" como una crisis humanitaria que requiere una intervención inmediata. Han exigido investigaciones exhaustivas para determinar las responsabilidades por las muertes de los reclusos y han instado al Gobierno, a tomar medidas estructurales para reformar el sistema penitenciario colombiano y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.