Salvoconductos para criminales en Medellín, base para descubrir corrupción en la Cuarta Brigada

Por lo menos 26 cabecillas del crimen organizado en Medellín tenían permisos especiales para porte de armas, otorgados por la Cuarta Brigada del Ejército, razón por la que investigadores de la Fiscalía General habrían descubierto una red de corrupción militar en lo que tiene que ver con la entrega de salvoconductos y procesos de contratación, tras la captura de dichos delincuentes.  

Con las capturas de alias Tom, Lindolfo, Pichi Belén y Chicho, jefes de bandas delincuenciales en el Valle de Aburrá, las autoridades se habrían percatado de dichas irregularidades, hasta descubrir hechos de corrupción.

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El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, confirmó que "el hallazgo de permisos especiales a personas capturadas en los últimos dos años en Antioquia, fue el detonante de la investigación".

Reiteró que por estos hechos, "el Ministerio de Defensa endureció los requisitos y modificó los comités encargados de entregar los avales para salvoconductos en el país".

El general Ramírez Trujillo, aclaró que, ahora los comandantes de brigadas son los encargados de una “supervigilancia” para entregar los permisos. Se creó un comité que tiene voz para garantizar un procedimiento más estricto en el control y entrega de armas.

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En la primera fase de proceso que adelanta la Fiscalía con el apoyo del Ejército son judicializadas nueve personas, quienes tendrán que responder por  los delitos de celebración indebida de contratos y concierto para delinquir.

Se  trata del coronel activo Alexander Carvajal Urquijo, supervisor de los contratos de la brigada; el mayor Edwin Eduardo Carrillo Pacheco, jefe de presupuesto; el capitán Jonathan Bonilla Bonilla,  supervisor de contratos y el sargento John Henry Roncancio Rodríguez, bodeguista.

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También son investigados por los mismos delitos, el coronel retirado Harold Felipe Páez Roa, excomandante del batallón de servicios; el capitán Guerly Alexander Carrera Arias, así como los contratistas Samir Fernando García Buitrago, Ana Lucía Posada Valencia y Alberto Ramírez Díaz.

Este lunes -29 de julio- a las 3:00 de la tarde se reanudará la audiencia de imputación de cargos en el Palacio de Justicia de Medellín, para conocer si los nueve implicados son o no enviados a prisión como medida de aseguramiento.