Cárcel para secretaria de un juzgado en Sopetrán, señalada de apropiarse del dinero de un título judicial

A la cárcel fue enviada Miriam del Socorro García Rojas, secretaria de un juzgado promiscuo de Sopetrán, Occidente antioqueño, quien se habría apropiado de dinero de un título judicial. 

Explicó la Fiscalía que, en ese sentido, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Antioquia le imputó el delito de peculado por apropiación. En audiencias concentradas no se allanó a los cargos. 

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Los hechos investigados habrían ocurrido entre el 19 y el 20 de diciembre de 2024, cuando la procesada y otra persona, al parecer, se apoderaron de 527 millones de pesos que reposaban en un título judicial dentro de un proceso civil. 

“La Fiscalía evidenció que se habrían aprovechado que tenían acceso a la plataforma del banco y a las claves de los títulos judiciales para sustraer el dinero y depositarlo en dos consignaciones en una cuenta personal”, señaló el ente acusador.  

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Pliego de cargos a exfuncionarias de la Gobernación por presuntas irregularidades en obras en el volcán de lodo de Arboletes

La Procuraduría General de la Nación anunció que profirió pliego de cargos en contra de dos exfuncionarias de la Gobernación de Antioquia, por presuntas irregularidades en la supervisión de los trabajos adelantados para controlar la erosión en el volcán de lodo de Arboletes, Urabá antioqueño, donde se desarrolla un proyecto ecoturístico.  

Indicó el ministerio público que las afectadas son Ángela Patricia Duque Ramírez y Juana María Ossa Isaza, quienes avalaron en sus informes los pagos realizados al contratista, “pese a que los desembolsos contenían valores superiores a las cantidades de obra o labores efectivamente ejecutadas, las cuales fueron financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un valor superior a los 12.600 millones de pesos”.

Según la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, las aparentes inconsistencias están relacionadas con el monto de dinero reconocido por el transporte de piedras y material arenoso desde las canteras contratadas hasta el sitio de las obras.  

“Al parecer, para el pago de ese servicio se habrían liquidado en favor del contratista distancias superiores a las verdaderamente cubiertas por los vehículos que efectuaron el traslado de esos elementos”, señaló la Procuraduría en un comunicado.  

Agregó el ministerio público que, por esa razón, “las investigadas habrían vulnerado los principios de la responsabilidad, moralidad y economía de la función pública, pues su aparente conducta dio como resultado un posible detrimento patrimonial con una repercusión negativa en contra de las arcas del Estado, al haberse pagado emolumentos no contemplados en la ejecución del proyecto”. 

Ante estos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta de las entonces funcionarias como “una falta gravísima cometida con culpa grave”.