Un inspector de la Policía y un brasileño serían los coordinadores de una red que explotaba de forma ilícita oro en el Bajo Cauca antioqueño

Gracias al trabajo investigativo articulado entre la Fiscalía y la Policía, se puso en evidencia a una red delictiva dedicada a la explotación ilícita de oro que, mediante la utilización de maquinaria pesada y el vertimiento de sustancias tóxicas que estarían generando contaminación a los ríos Nechí, Cauca; deteriorando el suelo, la flora y la fauna en una vasta zona del Bajo Cauca antioqueño.  

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En diligencias realizadas en Caucasia, Nechí y El Bagre Antioquia, fueron capturados seis de los señalados integrantes de la organización, entre ellos el presunto máximo articulador, identificado como José Manuel Rada Medina.  

Este hombre sería el propietario de la maquinaria utilizada para la actividad ilícita y de una empresa cuya razón social permitía la explotación, comercialización y exportación de oro y platino.  

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, invasión de áreas de especial importancia ecológica. Entre otros delitos ambientales. 

Entre los capturados se encuentra un ciudadano brasileño Flavio Ferreira Da Silva, quien sería uno de los promotores logísticos por su conocimiento del funcionamiento y mantenimiento de las dragas; y Marlon Arley García Contreras, inspector de policía de Nechí, quien presuntamente, sin un debido control, devolvía a sus propietarios la maquinaria que le dejada a disposición la fuerza pública producto de las acciones en contra de la denominada minería. 

Adicionalmente, el inspector de policía fue imputado por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Por disposición de un juez de control de garantías de Caucasia Antioquia, los investigados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. 

Además, se impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 2 inmuebles, una sociedad, un establecimiento de comercio, 3 embarcaciones y un vehículo, que habrían estado al servicio de la red delictiva impactada.  

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Los bienes están ubicados en Caucasia y su valor preliminar está calculado en más de 3.980 millones de pesos. Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.