Rodolfo Hernández tendrá que pagar millonaria multa por llamar gordos a los bomberos de Bucaramanga.
Aseguran que el candidato está imputado por corrupción y no puede hacer uso de recursos propios en su campaña.
Indemaro Luján Lozada y Oscar Fuentes Fernández, de un colectivo de abogados de Yumbo, Valle del Cauca, denunciaron penalmente a Rodolfo Hernández ante la Fiscalía, argumentando que ha usado recursos propios en su campaña presidencial, cuando por estar imputado en un proceso por posible corrupción contra la administración pública, la ley se lo prohíbe.
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Los juristas dicen que su denuncia está fundamentada en que existe contra Hernández en el Juzgado 10 penal del circuito de Bucaramanga, una demanda por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos, cuando éste ejerció como alcalde de esa ciudad.
“La ley estatutaria número 1475 de Julio 14 del 2011, se establece en su artículo 27, prohibiciones de fuente de financiación de los partidos, los movimientos políticos y las campañas. El numeral 5° de dicho artículo señala que las personas naturales sobre las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso que refiere a delitos contra la administración pública, les está prohibido aportar recursos para financiar campañas electorales", manifestaron en un comunicado.
Los abogados también se fundamentan en el Código Penal Colombiano en su artículo 396 A, adicionado por la ley 1864 de 2017, en su artículo 14, que establece que un candidato a cargo uninominal, incurrirá en prisión de 4 a 8 años sí permite que en una campaña, se inviertan bienes provenientes de fuentes de financiamiento que estén prohibidas por la ley.
La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía 05 seccional, adscrita a la Unidad de administración pública de Bucaramanga y que el proceso se encuentra vigente.
Así mismo, solicitan realizar la misma investigación contra quién se desempeña como gerente de la campaña del ingeniero en los mismos términos y por los mismos hechos.
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Los abogados Luján y Fuentes, dicen considerarse “victimas” ya que en su “calidad de ciudadanos colombianos, se sienten afectados por los indebidos comportamientos del referido” y solicitan ser vinculados dentro de este trámite en calidad de víctimas.
Fuente
Sistema Integrado de Información
