Suboficial del Ejército resultó herido en medio de combates con el Clan del Golfo en Toledo

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional confirmó que este domingo se registraron combates con presuntos integrantes de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo, en la vereda Bioguí, del municipio de Toledo, Norte antioqueño.  

Durante la ofensiva militar resultó herido uno de los suboficiales del Ejército, quien fue atendido por el enfermero de combate y posteriormente evacuado en helicóptero hacia un centro asistencial de Medellín, donde recibe atención médica especializada.  

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Dijo el Ejército, en un comunicado, que la institución adelanta los procesos respectivos para acompañar a la familia del uniformado lesionado.  

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Pliego de cargos a exfuncionarias de la Gobernación por presuntas irregularidades en obras en el volcán de lodo de Arboletes

La Procuraduría General de la Nación anunció que profirió pliego de cargos en contra de dos exfuncionarias de la Gobernación de Antioquia, por presuntas irregularidades en la supervisión de los trabajos adelantados para controlar la erosión en el volcán de lodo de Arboletes, Urabá antioqueño, donde se desarrolla un proyecto ecoturístico.  

Indicó el ministerio público que las afectadas son Ángela Patricia Duque Ramírez y Juana María Ossa Isaza, quienes avalaron en sus informes los pagos realizados al contratista, “pese a que los desembolsos contenían valores superiores a las cantidades de obra o labores efectivamente ejecutadas, las cuales fueron financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un valor superior a los 12.600 millones de pesos”.  

Según la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, las aparentes inconsistencias están relacionadas con el monto de dinero reconocido por el transporte de piedras y material arenoso desde las canteras contratadas hasta el sitio de las obras.  

“Al parecer, para el pago de ese servicio se habrían liquidado en favor del contratista distancias superiores a las verdaderamente cubiertas por los vehículos que efectuaron el traslado de esos elementos”, señaló la Procuraduría en un comunicado.  

Agregó el ministerio público que, por esa razón, “las investigadas habrían vulnerado los principios de la responsabilidad, moralidad y economía de la función pública, pues su aparente conducta dio como resultado un posible detrimento patrimonial con una repercusión negativa en contra de las arcas del Estado, al haberse pagado emolumentos no contemplados en la ejecución del proyecto”. 

Ante estos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta de las entonces funcionarias como “una falta gravísima cometida con culpa grave”.