Cerca de 400 mujeres enfrentan procesos penales por recurrir al aborto en Colombia

Los hallazgos del informe presentado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en alianza con la profesora Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Doctora en leyes de Harvard, y su equipo de investigación en la Universidad de los Andes, dejan entrever la importancia de eliminar el aborto como delito en el código penal, como lo ha manifestado mediante demanda ante la Corte Constitucional el Movimiento Causa Justa.

Según el documento revelado recientemente, los departamentos donde se registran mayores acciones judiciales en lo que respecta a este tipo de casos son: Caldas (el 18.48 % de los hechos que dan inicio a un caso terminan en condenas); Boyacá (13.94 %); Santander (10.61 %); Tolima (8.48 %); y Norte de Santander (6.67 %). 

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Bogotá es una de las ciudades dónde la mayoría de casos de aborto derivan en condena (13.33 %). 

Se observa que las mujeres que aborrezcan, en su mayoría llegan a enfrentar procesos penales por parte de la justicia, caso contrario a lo que podría ocurrir si existiera un verdadero acompañamiento cuando estás son víctimas de violencia sexual o de género.

 Se resalta qué las condenas contra las mujeres que deciden abortar representan un 7,6 % de los casos, de otra parte los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, las condenas representan un 1.14% y 3.38% respectivamente. 

En sistema de la Fiscalía General de la Nación, muestra que el 29,11 % de las mujeres judicializadas por abortar (910 mujeres) han sido vinculadas en calidad de víctimas de algún delito», y que 42 % de estas mujeres presentó un historial de victimización previa por delitos de violencia intrafamiliar (12 %), lesiones personales (10 %), delitos sexuales (8 %), entre otros.

Ana Cristina González Vélez, cofundadora de La Mesa por la Vida y del Grupo Médico por el derecho a Decidir y pionera del Movimiento Causa Justa, señala que  “el sistema colombiano opera tendenciosamente para con-denar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las muje¬res, en el caso de la justicia”. 

En este documento c indica que el personal de salud, antes de atender y brindar los servicios de salud necesarios, reporta estos casos como delito, violando su derecho a la salud y el bienestar de las pacientes, así como su derecho a la privacidad protegido por el secreto médico.

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Frente a este tema, la profesora Isabel Cristina Jaramillo afirma “sabemos que el personal de salud, con mucha frecuencia, pone en conocimiento de las autoridades la llegada de mujeres con complicaciones en sus abortos; lo hacen incluso antes de que algún médico evalúe la situación y determine si el aborto fue inducido o no esta vulneración de normas éticas básicas por parte del personal de salud aumenta la desconfianza que las mujeres sienten hacia el sistema de salud y los médicos en general, lo cual se convierte en un verdadero obstáculo para el acceso al procedimiento”.