Hubo un "patrón criminal" en medio de estas unidades militares: JEP sobre falsos positivos en el Catatumbo

El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en diálogo con RCN Radio entregó detalles sobre la primera decisión de fondo en el macrocaso de “falsos positivos”, donde se imputó al general (r) del Ejército, Paulino Coronado, a otros nueve militares y a un civil, por 120 casos de “asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate”, ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008. 

De acuerdo con Cifuentes, en este caso en específico se evidenció que hubo un "patrón criminal" que se desarrolló en medio de estas unidades militares. Y describió a los responsables como "un grupo criminal enquistado en las instituciones", advirtiendo que nada de esto hubiera podido ocurrir, "si no hubiera existido esa política institucional del conteo de cuerpos", como requisito para medir efectividad de los comandantes.  

"Se trata del caso 003, donde la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Aceptación de Hechos y Conductas, subdividió este caso con el objeto de investigar y juzgar esta conducta en relación con diferentes unidades militares. Este en específico se refiere a los asesinatos que se dieron en la zona del Catatumbo (Norte de Santander) entre enero de 2007 y agosto de 2008", indicó Cifuentes.  

Lea también: 77 mujeres han sido asesinadas este año en Antioquia

De acuerdo con el magistrado, "este ha sido uno de los actos judiciales más exhaustivos, nutritivos y completos de la historia, que se hizo con base en las versiones de los comparecientes, en los informes de las víctimas y en efecto determina cómo se llevaron a cabo estas acciones su planificación, cómo se ordenaron, cómo se ejecutaron, cuál fue el patrón criminal que determinó su modus operandi y en efecto se señala que se trata de 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas atribuibles al Ejército".  

Según reveló Cifuentes, Este patrón -según el auto de la Sala- tuvo dos modalidades. "Inicialmente fueron labriegos, agricultores, vendedores informales, comerciantes, entre otros, que habitaban en la zona del Catatumbo y con base en engaños fueron objetivos por parte de estas unidades militares para luego ser asesinados por fuera de combate en escenarios adulterados". 

Y explicó que, "una vez la población advirtió que las muertes se trataban de vecinos, familiares y personas que no tenían el carácter de guerrilleros o combatientes, lo que se hizo fue que se cambió el patrón y estas dos unidades militares procedieron a hacer reclutamientos atrayendo personas de otras zonas del país como Bogotá y Soacha para asesinarlos en las mismas condiciones. Esto hace parte de un patrón criminal que se repite de manera uniforme y que era una organización criminal enquistada en estas divisiones". 

Le puede interesar: Bien armado y hasta con silenciador capturaron a un hombre en Rionegro, Antioquia 

Cifuentes, advirtió que esta decisión contiene un relato judicial completo y "debidamente sustentado con las pruebas correspondientes de un delito de sistema y para esos efectos se explica en el contexto en donde en esa época en esta zona del país proliferaban los grupos subversivos y el narcotráfico, la guerrilla estaba replegada en las montañas y el pie de fuerza se incrementó notoriamente".  

Y señaló que, por esta razón, "se presentó esta presión por el "conteo de cuerpos" como una política que se traducía en un indicador de bajas en combate y es todo medía la efectividad y la eficacia de las unidades militares, lo que hacía, -que con base en eso- se calificara el desempeño de los comandantes".  

Los imputados tienen 30 días para decidir si reconocen los hechos y aceptan su responsabilidad o si, por el contrario, los rechazan. En el mismo periodo, las víctimas acreditadas en el macrocaso y la Procuraduría pueden allegar sus comentarios frente a lo que ha presentado la JEP.