Los elefantes blancos en Colombia cuestan más que la reforma tributaria: Contraloría

Combatir uno de los problemas más grandes que tiene hoy el país, como lo son las obras inconclusas o elefantes blancos es uno de los principales objetivos, sostuvo este viernes el contralor general, Felipe Córdoba.

Por tanto, dijo, la Contraloría busca con su estrategia 'Compromiso Colombia' reactivar 635 sin concluir, de las 1.171 que tiene el país, y poner en funcionamiento 435 que ya están terminadas.

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El contralor Córdoba sostuvo que los elefantes blancos cuestan más que la reforma tributaria e indicó que se han emitido 419 alertas por más de 38 billones de pesos, en proyectos para los sectores de educación, transporte, vivienda, mitigación de riesgos, salud, agua potable, mitigación del riesgo e interconexión eléctrica. 

“Son más de 1.171, por $24,5 billones, que tristeza, mucho más que una reforma tributaria, porque hoy la reforma tributaria está planteada para recoger $15 billones de pesos. El Registro Nacional de Obras Inconclusas nos revela hoy, que hay 1070 proyectos detenidos en los que hay en juego $6.7 billones de los cuales 914 pertenecen a las entidades territoriales", aseveró el contralor. 

Las alertas de las obras inconclusas fueron generadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), con su modelo de monitoreo del avance de obras públicas de infraestructura.

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"La Unidad de Análisis de Información de la Diari ha desarrollado 18 modelos analíticos para seguir la trazabilidad del recurso público en Colombia, entre ellos están los modelos para la autogestión de alertas, que se enfocan en el procesamiento de información, en la producción de informes de analítica de comunicado de prensa, datos y otros reportes e insumos sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal. También hay un modelo de Automatización del Cálculo de Presuntos Sobrecostos", dijo el contralor Córdoba. 

La Contraloría sostuvo que se están generando instrumentos para promover acuerdos de voluntades entre las entidades públicas, contratistas, veedores ciudadanos y la propia Contraloría, para redefinir los plazos de ejecución y poder culminar las obras inconclusas.