Siete soldados fueron condenados por abusar sexualmente a una niña indígena

En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira confirmó la condena contra siete soldados por su responsabilidad en el abuso sexual a una menor de doce años perteneciente a la comunidad indígena Embera.

En la decisión se señala que los militares fueron plenamente identificados por haber violado a la menor de edad en hechos registrados el 21 de junio de 2020 en el resguardo en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico (Risaralda).

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En la decisión se determinó que no existió ninguna vulneración al debido proceso a los militares –como reclamaban sus defensores- haciendo referencia que los siete uniformados aceptaron su participación en los hechos, reconociendo el delito de acceso carnal abusivo.

Debido a esto se ratificó la condena de 16 años contra los soldados Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil, Deyson Andrés Isaza y de ocho años de cárcel a Luis Fernando Mangareth como cómplice.

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La investigación permitió establecer que los militares adscritos al Batallón de Alta Montaña en Génova (Quindío) y que servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo, con sede en Pereira, retuvieron contra su voluntad a la menor de edad y la violaron.

En el marco de la investigación se conoció la declaración de la menor a la psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La menor relató que cuando se dirigía a su escuela fue retenida por un militar que la tocó y abusó sexualmente. Después llegaron otros que continuaron con el abuso.

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Tras esto, y amenazarla –pues le dijeron que no le contara nada a nadie- la acostaron en un cambuche junto a ellos y la dejaron ir al otro día. Un militar la acompañó hasta su casa y la entregó a sus familiares.

En este caso se tuvo en cuenta el informe de Medicina Legal para confirmar el acceso carnal abusivo y sistemático de los militares a la menor de edad.

Por estos mismos hechos fueron sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación.