Asegurados dos policías, señalados de exigir dinero a un motociclista para no judicializarlo

Un juez de control de garantías envió a la cárcel al subintendente de la Policía Nacional, Jonatan Estiben Cárdenas Carrasquilla, y al patrullero Deimis González Murillo, como presuntos responsables de exigirle dinero a un motociclista para no judicializarlo, por el supuesto delito de receptación. 

Una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública les imputó los ilícitos de concusión, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados por los uniformados. 

Los hechos ocurrieron en una estación de gasolina del barrio Campo Valdés de Medellín, el 12 de septiembre de 2024, cuando los uniformados, al parecer, capturaron a un hombre porque supuestamente se movilizaba en una motocicleta hurtada. Minutos después le habrían exigido cinco millones de pesos para dejarlo en libertad, según relató la Fiscalía.

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La investigación permitió establecer que la víctima consiguió un millón de pesos en efectivo, que les habría entregado a los uniformados. Posteriormente, Cárdenas Carrasquilla y González Murillo, al parecer, se llevaron la motocicleta y hasta el momento se desconoce su ubicación. 

Por otra parte, el 7 de octubre de 2024, el subintendente Cárdenas Carrasquilla presuntamente elaboró un informe falso en el que reportó que el 12 de septiembre encontró una motocicleta abandonada con el chasis y el motor regrabados, sin embargo, no consignó el destino final del mencionado rodante.  

Los dos procesados fueron capturados por servidores del Grupo Anticorrupción de la Sijín de la Policía Nacional. 

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Otras noticias 

Acusadas nueve personas por presunta corrupción en el Parque de las Aguas

La Fiscalía presentó escrito de acusación contra nueve personas por su presunta responsabilidad en irregularidades en los contratos para el mantenimiento del denominado Parque de Las Aguas en Medellín.  

Informó la Fiscalía que se trata de los exservidores públicos: Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques, y Laura María Mejía Higuita, líder del programa unidad logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

En igual sentido, se presentó escrito de acusación contra los particulares Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo, representantes legales de las empresas contratistas. 

“Según su responsabilidad individual, los nueve procesados deberán responder en juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado”, indicó la Fiscalía en un comunicado. 

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, entre mayo de 2020 y octubre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma total de 17.450 millones de pesos para el mantenimiento del denominado Parque de las Aguas. 

Por su parte, Metroparques como entidad ejecutora, al parecer, mediante una invitación privada, le entregó a una empresa privada más de 2.415 millones de pesos. 

“Con el mismo objeto contractual, la entidad también habría entregado más de 1.131 millones a una segunda empresa particular, que sería una compañía de papel, y otros 848 millones de pesos a una tercera sociedad privada”, añadió la Fiscalía.  

El material de prueba, en poder de la Fiscalía, permitió establecer que de la totalidad de los recursos que se le giraron a estas tres empresas subcontratadas se habrían apropiado ilegalmente de 2.800 millones de pesos. Asimismo, se estableció que a partir de 2020 el Área Metropolitana, al parecer, cambió la modalidad de contratar el mantenimiento del Parque de las Aguas, vulnerando los principios de igualdad y pluralidad de oferentes.  

También encontró la Fiscalía que, durante la ejecución de los citados contratos, al parecer, se presentaron sobrecostos en la facturación, mal manejo de los inventarios y deficiencias en el aporte de información de manera clara y oportuna.