Consorcio CCC Ituango afirmó que cumplió los requisitos técnicos y diseños suministrados por EPM

Los equipos jurídicos del Consorcio CCC Ituango, integrado por Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H., estudian  los alcances del fallo de la Contraloría que los declaró culpables fiscales, junto a otras personas naturales y jurídicas, por la emergencia en Hidroituango. 

Se está considerando interponer las “acciones judiciales que resulten procedentes contra este tipo de decisiones a las cuales se acudirá en caso de que los recursos interpuestos tengan un resultado negativo”.

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El Consorcio argumentó que su obligación en la obra ha sido atender las instrucciones, los requisitos técnicos y los diseños suministrados por EPM, los cuales se han cumplido bajo los estándares de calidad y las “buenas prácticas de la ingeniería”. Confió en que las pruebas aportadas sean tenidas en cuenta en las siguientes instancias.

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En un comunicado, las tres empresas señalaron que el fallo de primera instancia “corresponde a temas eminentemente técnicos, (programación de proyectos y construcción de túneles)” y analizan si la decisión ponderó los desembolsos realizados hasta el momento por la aseguradora, que “terminarían cubriendo el supuesto daño fiscal”. 

"El Consorcio CCC Ituango continúa comprometido y avanzando con la ejecución de las obras a su cargo encaminadas a la finalización de este proyecto, clave para asegurar la estabilidad energética del país", puntualizó el comunicado.

Fallo Contraloría

En una decisión  de primera instancia, la Contraloría profirió un falló de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos a título de culpa grave contra un grupo de personas naturales y jurídicas por la contingencia en el proyecto en abril de 2018.

En la misma decisión, excluyó de responsabilidad al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y al exdirectivo de EPM, Jorge Mario Pérez Gallón.

En contra de esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco días siguientes a la notificación.