¿Cuándo vuelve Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, tras la elección de Gustavo Petro?
La Procuraduría General de la Nación se alista para tomar una nueva decisión en el caso de Daniel Quintero, luego de que el pasado 10 de mayo decidiera suspenderlo de su cargo como alcalde de Medellín por su presunta participación en política en favor de Gustavo Petro, quien este domingo 19 de junio fue elegido como presidente de Colombia.
Trascendió que en las próximas horas, posiblemente este martes 21 de junio, el organismo de control podría decidir si Quintero puede retornar o no a su cargo.
Luego del final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la Procuraduría debe revisar el caso y pronunciarse, pues la medida en contra del mandatario fue justamente para evitar posibles interferencias indebidas en los comicios.
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Aunque la procuradora general, Margarita Cabello manifestó ya públicamente que Quintero retornaría a su cargo como alcalde, aún la decisión no es oficial y el afectado, en medio de la celebración por el triunfo de Gustavo Petro, manifestó que espera que el anuncio sea lo más pronto posible.
"Ya la procuradora lo anunció a través de medios de comunicaión, pero necesitamos volver rápido porque hay que construir cinco metrocables, hay que construir el gran parque ambiental del Olaya Herrera, resolver el problema de conectividad aérea de Medellín y Antioquia", expresó Quintero.
En caso de que la Procuraduría decida en favor de Daniel Quintero no significa que la investigación en su contra no continúe. Además, existe otro proceso que avanza en su contra relacionado con hechos de presunta corrupción dentro de la administración local, liderado por el diputado de Antioquia Luis Peláez y la veeduría ciudadana "Todos por Medellín".
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En la ampliación de la denuncia, el pasado 8 de junio, los accionantes -aparte de agregar pruebas- solicitaron apartar por tres meses a Quintero para que se adelanten las investigaciones pertinentes.
Aparte de la Procuraduría, también podrían definir el retorno de Quintero a su cargo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ya tiene el caso en su conocimiento, o un juez de la República a partir del fallo de alguna tutela que hasta ahora no han resultado favorables a los intereses del funcionario suspendido.