“Esto ayudaría a que se haga justicia con nuestro caso”: Daniel Quintero sobre reforma política

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se mostró de acuerdo con el polémico artículo de la Reforma Política que fue aprobado por la Cámara de Representantes y que le quita la facultad que tiene la Procuraduría para sancionar a servidores elegidos popularmente. 

Este artículo fue incluido en el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro que lleva tres debates de ocho, en el que se plantea que debe ser un juez el que decida en estos casos y no una autoridad administrativa, porque iría en contravía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).   

El mandatario paisa, que fue suspendido por la Procuraduría este año durante la campaña a las elecciones presidenciales, por presuntamente hacer publicaciones y declaraciones alusivas a ello, dijo que, de aprobarse, por fin Colombia estaría cumpliendo el fallo de la CIDH y que esto ayudaría  a que se haga justicia en su caso. 

"La suspensión que nos hicieron a nosotros fue irregular y eso lo dijo la Unión Europea, eso lo ha dicho la CIDH y lo han dicho todos los actores a nivel internacional", manifestó el alcalde. 

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Y agregó: "Esto ayudaría a que se haga justicia en nuestro caso y que ojalá no se vuelva a repetir como ocurrió con Petro en Bogotá, como conmigo en Medellín, que no vuelva a ocurrir con ningún otro alcalde en el país". 

El artículo 1 del texto radicado por el representante Heráclito Landinez (Pacto Histórico) señala “con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal".

Fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara con 22 votos a favor y siete más en contra. El representante Landinez destacó que allí se aprobara también la financiación de las campañas políticas 100 % con recursos estatales. "Un gran avance para acabar la corrupción electoral", apuntó.

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Dicha propuesta busca “armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos".