La Fiscalía General de la Nación ordenó el inicio de una investigación penal para determinar los alcances y posibles responsables del ataque cibernético que afectó a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Por disposición del despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, esta investigación está siendo coordinada por parte de fiscales adscritos a la dirección de delitos informáticos y contará con el apoyo de agentes de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Este ataque informático obligó a que EPM suspendiera la atención al público e incluso a que sus empleados trabajaran desde sus casas mientras se determinaba el grado de la afectación sobre la empresa.
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Sin embargo, Empresas Públicas de Medellín dio a conocer que no se verán afectados los servicios de energía, agua y gas.
Este ataque cibernético se registró en momentos en que se preparaba la evacuación de la población aledaña a la zona de Hidroituango.
En su oportunidad la compañía indicó a través de la redes sociales: “EPM se permite informar a la opinión pública que se encuentra atendiendo un incidente de ciberseguridad, por lo que ha solicitado a sus funcionarios trabajar hoy desde sus casas. Esta situación no tiene afectación en la prestación de los servicios públicos de energía, agua y gas".
Como parte de las labores judiciales los investigadores y los peritos técnicos de la Fiscalía General de la Nación con amplia experiencia forense que indagan el caso se valen de herramientas tecnológicas de última generación para llevar a cabo la respectiva la verificación de los hechos denunciados.
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Es de señalar que el alcalde de Medellín y gerente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, anunció que una vez superadas las pruebas de carga de las unidades 1 y 2, Hidroituango dejó de ser un proyecto para convertirse en una central hidroeléctrica, que a partir de su entrada en funcionamiento entrega a los colombianos de manera continua 600 MW (megavatios) de energía.