Formulan pliego de cargos contra Daniel Quintero por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación, imputó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle por la presunta participación en actividades de partidos, coaliciones y movimientos políticos, especialmente en la coalición denominada «Pacto Histórico, mientras ejercía como mandatario local. 

De acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario habría grabado y difundido en medios de comunicación y redes sociales, los días 13 y 17 de marzo y 9 de mayo de 2022, videos y fotografías apoyando la campaña Petro Presidente, que resultó ganadora en las elecciones de ese año. 

Desde su cuenta «@QuinteroCalle» publicó mensajes o trinos con fotografías y videos aludiendo a su preferencia política por los candidatos de la coalición Pacto Histórico a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, para el periodo 2022-2026, asegura la Procuraduría en su auto de cargos.  

Dentro de las pruebas utilizadas por el Ministerio Público, se evidencia la exhibición públicamente del tarjetón sobre la consulta del Pacto Histórico, “pues superpuso ese tarjetón cuando cada consulta tenía el suyo propio, y la foto que compartió era explícita en ese sentido”, se lee en el comunicado.  

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De acuerdo con la Procuraduría, frente a uno de los videos que se hizo viral en redes sociales, que, “lo dicho en el video fue una clara alusión a la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, pues, además de ser el eslogan del «Video oficial Petro El Cambio en Primera», la etiqueta #ElCambioEnPrimera fue promovida abiertamente por sus seguidores de la red social y militantes del Pacto Histórico, para impulsar la campaña de esa coalición en la primera vuelta presidencial”. 

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Entre los argumentos del Ministerio Público están que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, constituyen ejercicio abusivo del cargo la utilización de los elementos de su despacho para hacer proselitismo o para desempeñar en cualquier sentido la actividad política y el ejercicio de las competencias de manera que incline ilegítimamente la actuación del Estado a favor de una determinada corriente o movimiento político.