Hechos de corrupción salpican a ex coroneles del Ejército en Antioquia

Un juez de Medellín revocó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad e impuso medida de detención domiciliaria en contra de seis exmilitares y cinco civiles, por hechos de corrupción registrados en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública con el apoyo del Grupo Anticorrupción de la Dijín , entre mayo de 2015 y junio de 2018, los coroneles y civiles habrían suscrito 18 acuerdos de seguridad por una cuantía de 904 millones de pesos, para brindar protección a las empresas multinacionales para las labores de exploración y explotación minera.

Lea también: Con un bisturí una mujer habría asesinado un tendero en Medellín

Estas actividades obligaron al traslado de equipos y tropas a diversas zonas de los departamentos de Antioquia y Córdoba sin la debida autorización del Ministerio de Defensa.

Más información: Por quitarle un anillo de oro un hombre asesinó a un taxista en Bello, Antioquia

En decisión de primera instancia, el Juzgado 24 Penal Municipal de Medellín consideró que sí había inferencia razonable de autoría para un delito de cohecho, pero se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de los civiles y militares investigados.   El juez de segunda instancia revocó el fallo inicial y ordenó la medida restrictiva de la libertad en el domicilio de los investigados, luego de determinar que si se cumplían los fines de una detención preventiva.

La decisión afecta a los coroneles del Ejército Nacional retirados Germán Alfredo Pabón Contreras, Roger Arturo Calderón Garzón, Eunison Leonardo Fonseca Reita, Juan Manuel Ordóñez Vallejo y Luis Eduardo Castillo Arbeláez; lo mismo que al coronel activo Elvis Leandro Mejía Egas, quienes se desempeñaron como comandantes o jefes de Estado Mayor del Batallón Rifles acantonado en el municipio de Caucasia.

Con la misma medida restrictiva de la libertad fueron cobijados los particulares Claudia Marcela Herrera Galvis y Darney de Jesús Ceballos, quienes se desempeñaban como representantes legales de dos empresas multinacionales mineras con sede en la capital antioqueña.  

Igual determinación pesa contra Jhon Fredy Henao zapata, Alirio Vásquez Rodríguez y Jaime Alberto Agón Camacho, quienes laboraron como jefes de seguridad de las compañías mineras.