Indemnizaciones por viviendas expropiadas por Metro de la 80 podrían modificarse

El Juzgado 26 Oral del Circuito de Medellín fijó que el próximo 17 de enero de 2024 se realizará la audiencia de pacto de cumplimiento que surge a partir de una demanda interpuesta en agosto de 2023 por la defensora del Pueblo Regional Antioquia, en contra del Distrito de Medellín, el Metro de Medellín, la EDU, el ISVIMED y la Lonja de Medellín, que fue radicada con el fin de proteger los derechos de la comunidad afectada por el Metro de la 80, que habrían sido ‘‘expropiadas’’ administrativamente por la construcción de este proyecto.  

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Además, a través de esta demanda también se pretende que se declare nulidad del Decreto 1189 de 2016 y el Decreto 1190 de 2016 por los que se anunció el Metro de la 80, y que se revoquen todas las ofertas realizadas y se suspenda el proceso de oferta, para así garantizar que la comunidad obtenga una indemnización justa, para lo que también se requiere que se adelanten los avalúos para las ofertas de adquisición de los inmuebles de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015. 

Después de que se interpuso esta demanda se pasaron por varios trámites, entre los que el juzgado requirió a la Defensoría Regional de Antioquia que relacionara los derechos de las comunidades vulnerados por la construcción del Metro de la 80, que se presentara copia de la petición a las entidades demandadas para que adoptaran las medidas necesarias para proteger los derechos colectivos.  

Adicionalmente, el Juzgado pidió que se adecuaran las pretensiones de la demanda para que se revocaran las ofertas que se realizaron a los propietarios de las viviendas que serán expropiadas administrativa para ejecutar la obra del Metro de la 80.  

Luego de ello, la Defensoría respondió a los requerimientos, resaltando que estarían siendo vulnerados derechos como el derecho a la vida, salud y la propiedad privada, entre otros, lo que hizo que admitieran la demanda, en la que también se señaló que se han perdido vidas y podrían seguirse perdiendo porque la salud mental y física de estas personas está siendo afectada.

Con la demanda admitida el Juzgado ordenó notificar a los demandados, a la defensora del Pueblo de Antioquia y a la comunidad, y a la acción se unió la Veeduría Nacional de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Ambiental para coadyuvar al demandante, lo mismo que hicieron otros ciudadanos.  

Mientras que, demandados como el Distrito de Medellín, el Metro, ISVIMED y la EDU, pidieron pruebas testimoniales de que la comunidad sí estuviese siendo afectada con la construcción del Metro de la 80. 

Ahora lo que sigue es que las partes se presenten a la audiencia para que expongan sus posiciones, lo que podría modificar las indemnizaciones que deben darse a las comunidades afectadas por la obra del Metro de la 80, para que concuerden con lo que significa dejar sus hogares, como la afectación al tejido social de las familias y el sector.  

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Cabe mencionar que, si los representantes legales de las entidades demandadas no asisten a la audiencia, su inasistencia es causal de mala conducta y es sancionable con destitución del cargo.