A un mes de las elecciones regionales, La Misión de Observación Electoral presentó los Mapas y Factores de Riesgo Electoral para el departamento de Antioquia, donde identificaron los municipios donde los riesgos por violencia podrían afectar la última etapa del proceso electoral, como los indicativos de posibles anomalías o irregularidades electorales.
De acuerdo con la MOE, el departamento de Antioquia cuenta con treinta y tres (33) municipios en riesgo en el consolidado por coincidencias de factores indicativos de fraude electoral y de violencia.
En riesgo alto se encuentra: Betulia, Ciudad Bolívar, Mutatá, Necoclí, Puerto Berrío y Salgar en riesgo medio, Angostura, Bello, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, Guadalupe, Murindó, Nechí, Peque, San Andrés de Cuerquía, Santo Domingo, Uramita, Urrao y Vigía del Fuerte.
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En riesgo extremo:Medellín, Anorí, Briceño, Cáceres, Campamento, El Bagre, Ituango, Remedios, Tarazá, Toledo, Valdivia, Yondó y Zaragoza
Con relación a los factores indicativos de fraude electoral, la MOE destaca que, en el departamento de Antioquia, setenta y dos (72) municipios tienen algún nivel de riesgo por factores indicativos de fraude electoral, de los cuales cuarenta y dos (42) tienen riesgo medio, veinte y ocho (28) tienen riesgo alto, y dos (2) tienen riesgo extremo.
#Comunicado de lanzamiento de los Mapas y Factores de Riesgo Electoral
💬 166 municipios presentan algún nivel de riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y de violencia para las elecciones de autoridades locales 2023”: MOEhttps://t.co/XG6GVm2DiX
— MOE (@moecolombia) September 28, 2023
En cuanto a los riesgos por factores de violencia, la MOE reporta que el departamento de Antioquia tiene cincuenta (50) municipios en riesgo (14 en medio, 17 en alto y 19 en extremo). A continuación, se muestra el nivel de riesgo para cada uno de los municipios con riesgo:
Finalmente, en la presentación de los Mapas, la MOE destacó la importancia de un diálogo e intercambio de información permanente entre las autoridades del orden nacional, departamental y municipal.
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El proceso de elaboración del mapa de riesgo contó con la participación de 43 analistas e investigadores de 17 universidades y organizaciones sociales.