
Personería Medellín urge protección y reintegración para deportados ante crisis humanitaria
La Personería de Medellín solicita con urgencia la implementación de estrategias que garanticen la protección de los derechos de los deportados y su adecuada reintegración social. Así mismo, ha señalado la falta de coordinación institucional para atender a las personas deportadas, lo que ha derivado una crisis humanitaria en la región.
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La Personería, recordó que en lo que va del 2025 el Aeropuerto José María Córdova ha recibido 5 vuelos de deportación con aproximadamente 152 personas, algunas de ellas en condiciones de vulnerabilidad, según indican. Carlos Calle, líder Observatorio de Turismo, se refirió a la atención que se ha hecho a los compatriotas que llegan en precarias situaciones, según dijo: "la Personería ha estado acompañando cada uno de los vuelos en donde hemos detectado algunas vulnerabilidades entre ellas, amenazas de algunos grupos armados al margen de la ley que les impiden a los connacionales llegar a sus lugares de origines".
La Personería Distrital de Medellín, solicita a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía Distrital de Medellín; Regional Antioquia Departamento de Prosperidad Social; Regional Antioquia Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Exteriores, información detallada con los programas, acuerdos y políticas existentes para atender esta situación así como el procedimiento por el cual se dará atención a los connacionales deportados y retornados una vez se encuentren en el territorio nacional: "es necesario por parte del agencia del Ministerio Público, generar una alerta pidiéndole a estas instituciones que generen una articulación clara definiendo una ruta de atención, asegurando un retorno seguro a sus lugares de destinos".
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La falta de articulación institucional en la recepción y acompañamiento de estas personas constituye una alerta humanitaria. La situación está generando un impacto social y económico en el Valle de Aburrá y municipios aledaños, lo que exige una coordinación interinstitucional efectiva y la implementación de programas de reintegración.