Procuraduría investiga la fuga de alias “Pichi” y exige respuestas al INPEC

Procuraduría investiga la fuga de alias “Pichi” y exige respuestas al INPEC
Suministrada.
17 Oct 2024 06:04 AM

Procuraduría investiga la fuga de alias “Pichi” y exige respuestas al INPEC

Yuli
Metaute Londoño
La Policía Nacional ha logrado identificar algunos vehículos que participaron en la fuga del delincuente.

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación exhaustiva sobre la fuga de Oscar Camargo Ríos, alias “Pichi”, quien se encontraba bajo detención domiciliaria en Medellín y escapó el pasado jueves 10 de octubre.

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La entidad ha solicitado al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) un informe detallado sobre el monitoreo que se le realizaba a “Pichi”, incluyendo información precisa sobre las tres transgresiones a su medida de detención domiciliaria que, al parecer, fueron informadas al juez de ejecución de penas sin que se tomaran medidas adicionales de seguridad.

La Procuraduría busca establecer si hubo fallas o negligencias por parte del Inpec que facilitaron la fuga del narcotraficante, conocido como el "Pablo Escobar de Bucaramanga". Para ello, ha solicitado un listado de los guardianes encargados de su custodia y las fechas exactas en las que la jueza del caso, Mónica Patricia Londoño Yarza, notificó al Inpec la decisión de revocar el beneficio de prisión domiciliaria.

Además, la entidad ha pedido un informe sobre el funcionamiento del brazalete electrónico que portaba “Pichi” para determinar si este fue alterado.

Esta investigación se da en paralelo a los avances de la Policía Nacional, que ha logrado identificar algunos vehículos que participaron en la fuga del delincuente.

La Procuraduría busca determinar las responsabilidades en este caso y tomar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La ciudadanía espera que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.

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Escándalo: 32 tutelas habría falsificado una jueza en Medellín, cuando hizo parte del Tribunal Administrativo

Una grave denuncia reposa en la Fiscalía General de la Nación, una vez, tres magistrados, identificados como Óscar Bustamante Hernández, Leonardo Efraín Cerón y Ricardo de la Pava Marulanda, y quienes hacen parte de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Administrativo de Medellín, le entregarán al ente investigador todas las pruebas inéditas de un aparente caso de falsedad en documento público y abuso de función pública.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por los magistrados, la cual tiene firma de radicado del pasado 11 de octubre, todo indica que, Tatiana Alexandra Arroyave Baena, recién posesionada como Juez Catorce Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de la ciudad de Medellín, sería la autora de las presuntas irregularidades.

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Precisamente, dichas irregularidades se dieron, incluso, en el tiempo en que Arroyave ocupó otros cargos en el Tribunal Administrativo de Medellín, y están relacionadas con la alteración de al menos 32 procesos de tutelas.

Tal y como lo indica la denuncia, el magistrado Óscar Bustamante reveló que Alexandra Arroyave había sido autorizada para proyectar y firmar el recibido de las tutelas, en caso de no haber ninguna reclamación. Y, en lugar de existir, debía dejar en evidencia, mediante un informe detallado a su jefe inmediato.

Sin embargo, textualmente la denuncia demostró lo contrario:  “En el mes pasado el magistrado Bustamante Hernández evidenció varias irregularidades en el trámite de tutelas, pues supo que tutelas que se debieron resolver en el año 2023 no habían sido notificadas a la fecha. En razón de lo anterior, el Magistrado Bustamante le solicitó un informe detallado de las anomalías que se venían presentando a la Secretaría de la Sala, el cual fue atendido mediante el oficio No. 198, en el que se evidenciaron varias irregularidades en tutelas que no habían sido registradas, obvio con los términos vencidos”, indicó la denuncia.

Por ahora, todo indica que, inicialmente se tiene evidencia de 32 tutelas con firmas falsas y con decisiones que van en contra de los términos constitucionales, pues allí fueron comprobadas firmas de los tres magistrados, sin ningún tipo de conocimiento ni aprobación por parte de los denunciantes.

“Por último, solicitamos respetuosamente de la Fiscalía General de la Nación que, dada la evidente gravedad de los hechos aquí denunciados, se actúe de manera pronta y célere en esta investigación tomando las decisiones que corresponda”, agregaron los tres magistrados mencionados, al término de la denuncia.