Milei corrige el decreto que tildaba a personas con discapacidad como "imbéciles" e "idiotas"

El gobierno argentino de Javier Milei se ha visto envuelto en una nueva controversia tras la publicación de un documento oficial que empleaba términos ofensivos para referirse a personas con discapacidad intelectual. Ante la fuerte reacción de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad afectada, el Ejecutivo se vio obligado a reconocer el error y prometer modificaciones.

En enero, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitió una resolución en la que establecía los criterios para evaluar la elegibilidad de las personas que soliciten o mantengan subsidios por discapacidad. Sin embargo, el documento, publicado en el Boletín Oficial, incluía términos desactualizados y peyorativos como "idiota", "imbécil" y "débiles mentales" para clasificar distintos niveles de discapacidad intelectual.

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Según el anexo de la resolución:

• Un "idiota" era aquel que "no atravesó la etapa glósica (verbal), no lee ni escribe, no conoce el dinero".

• Un "imbécil" era definido como alguien que "no lee ni escribe, pero atiende sus necesidades elementales".

• Se establecía además la categoría de "débiles mentales", dividida en "profundos, moderados y leves", dependiendo de la capacidad del individuo para realizar tareas de distinta complejidad.

El documento también indicaba que solo aquellos con debilidad mental profunda o mayor podían recibir una pensión. Esta clasificación desató indignación y llevó a varias organizaciones a exigir la derogación inmediata de la norma.

Respuesta del gobierno y correcciones anunciadas

Tras la oleada de críticas, ANDIS reconoció que el uso de dichos términos fue un error, argumentando que se trataba de una terminología obsoleta. A través de un comunicado en la red X, la agencia anunció que el documento sería modificado conforme a estándares médicos y normativos actuales, aunque sin alterar los criterios de evaluación.

"La resolución y el polémico anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales", declaró la agencia.

Desde la publicación de la resolución, siete organizaciones de derechos humanos y de apoyo a personas con discapacidad exigieron su derogación, alegando que atenta contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas organizaciones criticaron la clasificación de personas como "válidas" o "inválidas" para el trabajo, señalando que este enfoque es contrario al modelo social de discapacidad y resulta discriminatorio.

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El gobierno de Milei, que ha impulsado una auditoría masiva de las pensiones por invalidez, enfrenta ahora un nuevo dilema: modificar el documento sin afectar su política de revisión de subsidios, en un contexto donde el recorte del gasto público es una de sus principales prioridades.