Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia pide a las autoridades estatales garantizar la seguridad en mina de Buriticá
La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, junto con la Parroquia de San Antonio de Buriticá, la Fundación Pastoral Social y la Pastoral Minera, condenaron las acciones terroristas perpetradas por grupos criminales en la mina de oro de Buriticá, occidente de Antioquia, actos violentos que dejaron una persona herida.
En este pronunciamiento, la iglesia exhorta a los responsables de estos actos a asumir sus responsabilidades, reparar los daños, pedir perdón a la sociedad y buscar alternativas que respeten el medio ambiente y la vida humana y piden a las autoridades estatales a garantizar la estabilidad y seguridad en el territorio mediante una presencia efectiva y permanente.
“Se invita a todos los ciudadanos y organizaciones a trabajar en conjunto por un desarrollo territorial armónico, promoviendo espacios de diálogo que fortalezcan la cohesión social”, aseguran en el comunicado.
Igualmente, la Iglesia invitó a los emprendedores mineros a que transitan hacia la formalización, entendiendo este camino como clave para superar la violencia, la ilegalidad y la informalidad que afectan al sector.
Desde las organizaciones manifestaron su apoyo a las personas e instituciones afectadas, elevando oraciones para que cesen definitivamente estas acciones de violencia.
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Cabe recordar que, el secretario de seguridad del departamento, general retirado Luis Eduardo Martínez anunció que el martes 21 de enero que el orden en la zona fue restablecido por las autoridades competentes. De acuerdo con el funcionario, en la mina se reforzó la seguridad con presencia militar y la actividad propia de la zona se está normalizando.
Según Martínez, los responsables de los seis ataques a la mina fueron mineros ilegales sin desconocer que la minera ilegal en la zona es controlada y manejada por el Clan del Golfo, agregó que los bandidos en esta zona se nutren de estas economías ilegales.
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Desde Zijin Continental Gold indicaron que ya iniciaron los procedimientos legales para defender los derechos legítimos y seguirán cooperando con la Policía y las autoridades, para tomar todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los empleados y las operaciones. Ante estos actos violentos, "no toleraremos ni cederemos ante amenazas", aseguraron.