Concluyen alegatos de defensa de 10 empresarios en juicio de Chiquita Brands

Desde la Fundación Forjando Futuros informaron que el proceso de Chiquita Brands avanza lentamente después de haber sido denunciado hace más de 18 años. Según indicaron, finalizó la etapa de los alegatos de conclusión por parte de la defensa de los diez empresarios de la multinacional, quienes enfrentan acusaciones por presunta financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004.  

Los representantes de las víctimas del conflicto armado, explicaron que los litigantes argumentaron que los diez empresarios fueron objeto de extorsiones por parte de las AUC y que los pagos realizados a través de las Convivir fueron legales y quedaron registrados en el sistema financiero. 

Mientras que el abogado Jaime Lombana, representante de Jorge Cadavid, señaló que, “La responsabilidad de los pagos recaía sobre Chiquita Brands y no sobre Banacol, empresa que adquirió a Banadex ”.  

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Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, aseguró que los apoderados han alegado que el delito de la supuesta financiación de paramilitares ya prescribió y que los empresarios fueron extorsionados.

"Chiquita Brands, hoy en su defensa, alega que ese delito de haber financiado paramilitares prescribió y que ellos eran extorsionados. Dicen también que no conocían la relación entre las convivir y los paramilitares. Eso era un hecho notorio. Todo el mundo en Urabá sabía que las Convivir eran cooperativas de seguridad en el día y paramilitares de noche", dijo Gerardo Vega.

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Alfranio Solano Morales, víctima del conflicto y líder social de Urabá, manifestó que se encuentra preocupado porque ya están prescribiendo los procesos y hasta el momento no encuentran una respuesta por parte de la justicia.  

"Es bastante preocupante porque ya están que prescriben todas las solicitudes que se han hecho y nosotros no hemos recibido ninguna reparación. Nos tocó levantarnos desde cero nuevamente", expresó el líder social. 

Cabe resaltar que las víctimas del conflicto armado han denunciado que este proceso lleva más de 18 años y se encuentra en riesgo de prescribir el próximo 17 de septiembre del año en curso si no se dicta una sentencia a tiempo por parte de la Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia.